Mientras en Juntos por el Cambio (JxC) hay varios economistas pensando el eventual programa de gestión, que podría implementarse desde diciembre de 2023, si la actual coalición opositora llegara al poder, la Coalición Cívica (CC), el partido de Elisa Carrió, uno de sus integrantes, presentará en los próximos días en el Congreso un proyecto de ley para aplicar una reforma tributaria. Su objetivo es reducir la presión impositiva para que se reactiven las inversiones del sector privado.
El texto propone reducir el impuesto a las Ganancias y permitir deducciones a través del pago del impuesto a los créditos y débitos bancarios (popularmente conocido como impuesto al cheque), hasta eliminar la carga tributaria de las tarifas de servicios públicos que, en gas y electricidad, llega al 30% del precio final de la factura, entre impuestos nacionales, provinciales y municipales.
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“La única alternativa que tiene la Argentina para dejar atrás la pobreza, generar empleo e incluir a una porción importante de la población en la clase media, es una reforma impositiva que le saque el pie de la cabeza a los sectores productivos”, dijeron en el bloque de diputados de la CC. Y agregaron: “Esto debe ir acompañado de una eficientización del Estado, que ponga límites al déficit fiscal, porque de lo contrario nunca los recursos serán suficientes”.
Ganancias al 25%. El espacio de Carrió propone para el impuesto a las Ganancias regresar de forma gradual a una unificación de la alícuota en 25%, con independencia de la magnitud de las ganancias. Este porcentaje regiría desde 2025 y previamente, hasta esa fecha habría una reducción gradual. Para las ganancias no reinvertidas, propone una alícuota extra de 13% que se sumaría a la universal de 25%.
Respecto del impuesto al cheque, si bien sostienen que debe eliminarse, hasta que ello ocurra sugieren que todas las sociedades, empresas o personas físicas registradas como responsables inscriptos en el IVA lo tomen a cuenta del pago de Ganancias de tercera categoría. Actualmente, solo tienen este beneficio las pymes que registradas como tales en el Ministerio de Desarrollo Productivo.
Además, propondrán que se prohíba cargar cualquier impuesto a los consumos de los usuarios en las facturas de servicios públicos, a excepción del IVA e Ingresos Brutos.
La CC también recomienda instrumentar una baja gradual de las alícuotas de los derechos a las exportaciones (retenciones) hasta llegar al 10% para la soja (que a partir de 2023 baja de 33% al 30%), y al 0% en el resto de los productos que pagan retenciones, excepto para las actividades hidrocarburíferas y mineras.
Impuestos al trabajo. También proponen reducir la carga impositiva al trabajo, especialmente para los empleados de menores ingresos, quienes más sufren la informalidad laboral. Esto se implementaría mediante un mínimo no imponible (MNI) para el pago de contribuciones patronales. “El MNI irá subiendo gradualmente hasta alcanzar el equivalente al Salario Mínimo Vital y Móvil. De esta manera, las contribuciones se pagarán sólo por el monto de los salarios que excedan ese MNI”, explicaron desde la CC.
Otras de las propuestas para bajar los costos laborales son: aumentar la cantidad mínima de trabajadores para tener representantes gremiales en las empresas, que pasaría de 10 a 20 empleados, y eliminar la indemnización agravada por despidos laborales.
Respecto de las provincias, la Coalición Cívica sugiere que los 24 distritos, CABA incluida, reduzcan las alícuotas del impuesto sobre los Ingresos Brutos y a los Sellos, en el sentido expresado en el Consenso Fiscal de 2017.
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“En aquellas provincias productoras de alimentos donde tenemos representación legislativa propondremos en las legislaturas locales la baja a cero del impuesto a los ingresos brutos a las actividades de ganadería, agricultura, caza, pesca e industria productora de alimentos, atendiendo a cuestiones coyunturales que hacen necesario adoptar medidas concretas en el tiempo oportuno, con el objetivo de lograr efectos sobre los precios que pagan los consumidores en alimentos y bebidas, pero también para mejorar las estructuras tributarias provinciales en el sentido acordado en 2017 entre el gobierno nacional y los gobernadores”, concluyeron.
