Así, el Gobierno buscará reunir $200.000 M que se destinarán a pagar bonos a trabajadores informales, personal de casas particulares, monotributistas de las categorías más bajas, y jubilados y pensionados. Estas son las estimaciones con las que trabajaron los funcionarios del Ministerio de Economía para afinar las medidas que se anunciaron el pasado lunes.
No hay números oficiales sobre la cantidad de personas que recibirán la suma de dinero extra para paliar el impacto de la inflación. Pero la Casa Rosada estimó unos 13 M de beneficiarios.
En ese universo de pobres necesitados hay 5,4 M de jubilados y pensionados que cobran hasta 2 haberes mínimos -percibirán $12.000 pesos en un pago- y aproximadamente 7,6 M de trabajadores informales, monotributistas de las categorías más bajas -A y B- y trabajadores de casas particulares.
La masa de $200.000 M que se destinará a auxiliar los bolsillos de esos argentinos implica un gasto de 0,33 puntos del PBI, según calculó Nadín Argañaraz, economista del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).
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¿Qué se consideraría “renta inesperada”?
En la presentación del nuevo IFE, el ministro de Economía, Martín Guzmán, dio pocas precisiones sobre la herramienta para financiar el impuesto a la “renta inesperada”. “El universo se enfocará en el conjunto de empresas que tenga ganancias netas imponibles altas superiores a los 1.000 millones de pesos en el año, lo cual es una fracción muy pequeña de todo el entramado de empresas de nuestro país”, dijo.
Según fuentes del Palacio de Hacienda, hay entre 50 y 100 grandes empresas en la mira, de acuerdo con sus ganancias: “Desde Techint a Mercado Libre, todas las más grandes”, señalaron. La cantidad definitiva dependerá del nivel de depuración: “No solo tener ganancia alta es una condición para contribuir, sino que es tan solo una condición necesaria”, dijo Guzmán.
El Gobierno definirá si, a esa ganancia alta, suma otro criterio para definir lo “inesperado”, o para alcanzar con el impuesto solo a las empresas que muestren un crecimiento real en su ganancia neta respecto de 2021. También, dijeron las fuentes, habrá un criterio para reducir el impuesto extraordinario si la renta inesperada se reinvierte.
Como mucho, la iniciativa alcanzará al 25% de las 400 compañías que, anualmente, releva el Indec en su Encuesta Nacional a Grandes Empresas (ENGE). O a menos del 0,02% de las aproximadamente 530.000 empresas registradas como empleadoras en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
La medida se concibe en momentos en que -según el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (Cifra), de la CTA- la distribución del ingreso es la más regresiva en años. En 2021, la participación de los salariados en el PBI cayó de 48% a 43,1%, mientras que la del capital trepó de 50,5% a 54,3%.
Pero los empresarios ya expresaron su fastidio. “A 165 impuestos que tenemos, sumarle otro más, no es nuestra política”, dijo el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) y de la Coordinadora de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), Daniel Funes de Rioja.
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Por su parte, La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara), aún molesta por la suba en las retenciones a la harina y el aceite de soja, manifestó: “La Argentina no necesita más impuestos; al contrario, lo que hace falta es sacar el freno de mano a la producción y a la inversión para que haya más trabajo”.
La decisión política del Gobierno es avanzar con la propuesta. Y la convocatoria a los sectores gremiales y empresarios pretende encontrar un consenso alrededor de la medida, que permita allanar el camino en el Congreso, que se anticipa áspero. Juntos por el Cambio se opuso a la medida antes de que fuera anunciadas por Martín Guzmán.
El Gobierno tendrá el apoyo del FMI de su lado. El Fondo recomendó a los países “incluir aumentos temporales del impuesto de sociedades de la renta de las empresas, para captar los beneficios excesivos relacionados con la pandemia”.
