La decisión del Gobierno de suspender el registro de exportaciones de harina de soja y aceite de soja, medida que preanuncia a una suba de retenciones, generó el rechazo de toda la cadena agroindustrial. Dirigentes de la Mesa de Enlace y productores autoconvocados discuten qué medidas de fuerza o de protesta podrían tomar, mientras, las bases los presionan para que encabecen acciones contundentes cuanto antes. Muchos quieren volver a las rutas, como en 2008, cuando rechazaron las retenciones móviles. De hecho, ya hay algunas concentraciones previstas para los próximos días.
Una de las voces que más se destacó fue la de Iván Castellaro, productor autoconvocado de Armstrong, Santa Fe, muy activo en la organización de las movilizaciones ruralistas. Desde sus redes sociales, aseguró que “¡el Gobierno hizo una declaración de guerra contra el sector productivo! ¡Nos quiere pobres e ignorantes! ¡No lo vamos a permitir! ¡A preparar los fierros viejos que llegó el momento de defender el presente y futuro del país!”. Y publicó una foto de un corte de ruta con tractores, los “fierros”, el apelativo coloquial de la maquinaria agrícola en el campo.
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“Es imposible seguir así. A los anuncios de ayer (por la resolución del domingo que cerró las exportaciones de subproductos de la soja) los tomamos como una declaración de guerra. Entonces ahora que pase lo que tenga que pasar”, dijo el productor, quien habló de la compleja situación por la que atraviesa el sector productivo, con problemas climáticos, altos costos, y un Gobierno que impulsa una mayor presión impositiva.
Castellaro comentó que los productores en todo el país se van a ir reuniendo. Se están organizando en diferentes grupos de WhatsApp. “Por el momento no hay definiciones sobre los pasos a seguir. Puede ser una marcha a Capital Federal, corte de rutas, cese de comercialización, o marcha en las capitales provinciales. Algo vamos a realizar. Estamos hartos y cansados de que el Gobierno nos asfixie cada vez más. Nosotros no somos culpables del mal manejo de los recursos del Estado. La política es culpable”, agregó el productor.
Además, recordó que la actual campaña agrícola está atravesada por la sequía, y si bien los precios internacionales acompañan, en el plano local bajan con las retenciones y el desdoblamiento cambiario. A todo esto, se suman los aumentos de los costos para producir.
Sobre esto, Castellaro comentó: “Muchísimos productores van a quedar fuera de su actividad por no poder sembrar y por no poder pagar las deudas. El productor siempre cumple con sus compromisos, y este año no podrá hacerlo”.
Por otro lado, el productor autoconvocado sostuvo que el aporte que realizó el campo, en los últimos 20 años, fue el equivalente al pago de la deuda externa. “Sin embargo hoy el 50% de la población está en la pobreza.
Finalmente, recordó que junto a otros productores presentaron un proyecto de retenciones 0. “Una iniciativa que va en el sentido de pensar un país sin retenciones. Hay que dejar trabajar en libertad al campo, que puede crecer y desarrollarse, porque eso genera empleo genuino. Llegamos a un punto límite. Si la Mesa de Enlace va a estar al frente del reclamo, bienvenido sea, sino los productores nos haremos cargo de la situación, como lo hicimos con los incendios en Corrientes, donde ni el estado nacional y provincial se hicieron cargo. nosotros hemos enviado más de 100 camiones con rollos para ayudar a los productores”, concluyó.
Por su parte, el vicepresidente de CRA, Gabriel de Raedemaeker, propuso desde su cuenta de Twitter un “camionetazo a Casa Rosada, urgente”. El dirigente sostuvo, que “la idea es manifestar la disconformidad que hay en todo el ambiente productivo, como una forma de contener y canalizar un poco a los productores. La idea de ir a manifestarnos a donde se toman o donde uno cree que se toman las decisiones políticas y económicas”.
“Si bien hoy está caro el costo de movilización, podríamos hacerla molestando lo menos posible al resto de la sociedad y haciéndolo a su vez muy visible, en un lugar donde podemos comunicar la realidad que está viviendo el sector productivo y cuáles son las consecuencias que este tipo de medidas traen, y porque están tan equivocadas, si es que realmente se pretende cuidar la mesa de los argentinos. Vamos a ver si prospera la idea, pero alguna movilización habrá para expresar el descontento”, agregó.
Mientras tanto, las entidades que integran la Mesa de Enlace, prefieren aguardar que se conozca el paquete completo de medidas fiscales para los derivados de la soja, para luego definir los pasos a seguir. Por ahora, no impulsan medidas de fuerza hasta tanto se conozca todo el detalle de los cambios.
No obstante, el presidente de una de ellas, la SRA, Nicolás Pino, comentó que “el Gobierno sigue generando incertidumbre en la economía y enviando pésimas señales a los productores. Es verdad que la historia reciente marca que, después de un cierre de registro de exportaciones, viene un nuevo esquema de retenciones. Pero hoy, sin facultades delegadas, el Gobierno no puede tocar ninguna alícuota. Nosotros presentamos un amparo porque hoy se está cobrando un impuesto sin sustento legal”. El planteo del dirigente se basa en que el pasado 31 de diciembre venció la facultad que tenía el Poder Ejecutivo de modificar las retenciones. Al no ser renovada porque figuraba en el Proyecto de Presupuesto 2022 que rechazó Diputados, el campo considera que las retenciones son 0%.
Por su parte, el titular de Coninagro, Carlos Iannizzotto, dijo que “no es el momento y la forma con una actitud unilateral del Gobierno”, de tomar la decisión de cerrar las exportaciones de aceite y harina de soja. Y agregó: “Al Gobierno no le interesa el bolsillo del consumidor y la situación del productor, sino sus problemas y sus situaciones fiscales. El conflicto bélico nos pone frente a la responsabilidad de producir más y con mayor valor agregado para atender esas demandas. Tenemos que redoblar los esfuerzos para incrementar la producción en un complejo contexto internacional, y garantizar el abastecimiento de alimentos saludables y sustentables”.
En sintonía con lo expresado por el titular de la SRA, el director de la entidad por el Distrito Entre Ríos, Juan Diego Etchevehere, sostuvo que “mientras los entrerrianos estamos en emergencia agropecuaria producto de los incendios y la sequía, el Gobierno planifica aumentar impuestos. No solo demuestra insensibilidad, sino que no respeta la ley. Hoy sólo puede modificar retenciones el Congreso”, expresó en Twitter.
El repudio llegó más allá de las cuatro entidades de la Mesa de Enlace y los productores autoconvocados. También cámaras del sector y hasta un Gobernador con llegada a Casa Rosada salieron a criticar la medida, tal el caso del santafesino Omar Perotti. El mandatario dijo en su cuenta de Twitter que “la suspensión de las exportaciones de harinas y aceite de soja, frenará el ingreso de las divisas que necesita el país. Se debe tener cuidado con incentivar a la desindustrialización. Lo que necesitamos es agregar valor, generar empleos y lograr inversiones”.
En tanto, la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA), también por Twitter, expresó: “El Gobierno cerró el registro de exportación de aceite, harina de soja porque la decisión del ministro Guzmán es subir en dos puntos las retenciones al complejo agroindustrial. Es totalmente contrario al interés exportador de la Argentina. Además de ser ilegal, va a afectar el ingreso de divisas y el empleo en el cordón agroindustrial. Pone fin a los fideicomisos de maíz, trigo y aceite, puesto que cambia las condiciones de comercio exterior”.
Desde otro sector de la cadena agroindustrial hubo un pronunciamiento de rechazo a la medida dispuesta por la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios, por orden del ministro Julián Domínguez. José Martins, Vocero del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), un espacio aliado del Gobierno a través de los exportadores, comentó que el cierre de exportaciones del complejo sojero “lo tomó por sorpresa”, y expresó su rechazo “a cualquier intento de incrementar la carga impositiva que ya tiene el sector, máxime en una campaña azotada por una severa sequía que redujo notablemente el volumen de la cosecha”, dijo.
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“Cercenar exportaciones y subir impuestos es frenar la dinámica del principal sector que actualmente provee divisas y genera empleo, es ir a contramano de lo que debemos discutir para lograr abastecer a un mundo que requerirá un mayor aporte de nuestro país”, agregó.
También desde el Congreso de la Nación se escucharon críticas a la medida. El diputado de Juntos por Formosa y ex ministro de Agroindustria en los primeros años de la gestión de Mauricio Macri, Ricardo Buryaile, manifestó que “uno ya no sabe que pensar y creer del Gobierno. Lo que sí tengo en claro es con esta política ya fracasada muchas veces en todas las producciones, lo único que hacen es sacarle recursos a los que producen y a los que generan más del 70% de las divisas. Pareciera ser que no alcanza con los más de 4.000 millones de dólares que va a obtener el fisco por la suba del precio de cereales y oleaginosas, y ahora le vuelven a pegar un nuevo zarpazo al sector agropecuario”.
El diputado también planteó la cuestión de la “ilegalidad” de la decisión. Al respecto, sostuvo que “esta inconsistencia desde mi punto de vista no tiene legalidad porque no se encuentra facultado el Poder Ejecutivo para hacerlo, porque venció la ley de emergencia económica el 31 de diciembre pasado. Es por eso que la medida es ilegal y de nulidad absoluta”.
