El tratamiento del proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura, que el Poder Ejecutivo envió al Congreso a instancias de la Corte Suprema de Justicia, que declaró inconstitucional la ley sancionada en 2006 e impulsada por la entonces senadora Cristina Kirchner, podría convertirse en el arma que utilice la actual vicepresidenta para iniciar el proceso de juicio político contra el máximo tribunal del país.
Sucede que los miembros de la Corte Suprema de Justicia son señalados por la Vicepresidenta como socios de Mauricio Macri, en la persecución judicial que, según ella, el ex presidente tramó en su contra.
Por eso, la ofensiva oficialista contra los jueces de la Corte Suprema, tendrá como escenario el Senado que preside Cristina Kirchner. La excusa será el tratamiento del proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura, que Alberto Fernández envío al Congreso en diciembre pasado, luego que el máximo tribunal declarara inconstitucional la actual conformación del organismo encargado de seleccionar y juzgar a los jueces.
El embate kirchnerista tendrá como eje demostrar que los jueces de la Corte se excedieron en sus facultades, al declarar inconstitucional la totalidad de la ley que reformó el Consejo de la Magistratura en 2006.
Para la senadora mendocina, vicepresidente del bloque del FdT en la Cámara alta y dirigente de la agrupación La Cámpora, Anabel Fernández Sagasti, “lo que hizo la Corte Suprema es algo inédito y roza el golpe institucional. Es una ley que existía hace 16 años y nunca la Corte Suprema ha dictaminado la inconstitucionalidad de toda una ley; la inseguridad jurídica de los jueces nombrados es preocupante”, señaló
Además de anular la norma redactada en 2006 por Crisitina Kirchner, el tribunal supremo condicionó al Congreso a que “en un plazo razonable” dicte una nueva ley y fijó un plazo perentorio de 120 días para que el Consejo vuelva a la integración de 20 miembros (actualmente son 13) que tenía antes de la reforma, advirtiendo que, de no hacerlo, sus actos serán declarados nulos. Ese plazo vence en 45 días.
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El debate del proyecto de ley, enviado por el Poder Ejecutivo a instancias de la Corte, lo impulsará el kirchnerismo en el Senado. Será en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside el oficialista Guillermo Snopek (Jujuy), dirigente peronista tradicional y acérrimo enemigo del gobernador radical Gerardo Morales, quien además es su cuñado.
También se debatirá en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, cuyo presidente es el neuquino Oscar Parrilli, habitual brazo ejecutor de las jugadas políticas diseñadas por Cristina Kirchner.
El oficialismo buscará convertir el debate en una tribuna para embestir a la Corte durante el debate en ambas comisiones, que probablemente comience la semana próxima. Al respecto, un senador peronista, citado por el diario La Nación, señaló que “la discusión del proyecto va a quedar en un segundo plano; al kirchnerismo solo le interesa usarlo como excusa para demostrar que la Corte se excedió en sus facultades”, dijo.
En este sentido, esa misma fuente aseguró que la idea es convocar a juristas y constitucionalistas que avalen la teoría del kirchnerismo sobre el supuesto accionar irregular de la Corte Suprema.
El uso de las comisiones legislativas para constituir prueba en contra de sus rivales políticos es una de las herramientas preferidas de Cristina Kirchner, quien ya la utilizó en las comisiones bicamerales de Inteligencia, contra Mauricio Macri, en la causa por el espionaje ilegal del Ministerio Público Fiscal, con los embates contra el procurador interino Eduardo Casal.
En este caso, la estrategia de la vicepresidente apuntaría a generar una recomendación de ambas comisiones, en las que el kirchnerismo tiene amplia mayoría, para impulsar el juicio político de la Corte en la Cámara de Diputados.
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