La Casa Rosada volverá a intentar un programa de estabilización de precios y salarios basado en un compromiso con empresarios y sindicalistas, que contribuya a moderar las expectativas inflacionarias.
Las medidas que imagina el Gobierno serían puestas en marcha apenas termine el trámite parlamentario, fecha en la que ya podrá estimarse cuál será la inflación del primer trimestre de 2022.
Se trata de una “agenda cooperativa”, tal como la definen desde esferas oficiales entre el sector público y el privado, que abordarán los ministerios de Economía, Desarrollo Productivo, Trabajo y Seguridad Social; Agricultura, Ganadería y Pesca, y Obras Públicas.
El primer objetivo oficial es encolumnar a la CGT y otras centrales obreras para anclar las paritarias dentro de la meta de inflación acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que debería rondar el 40% de aumento, logrando una paulatina mejora real, cercana al 3%, si se logra cumplir con la estimación de suba del índice de precios al consumidor, de entre el 38 y el 48%.
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La actualización de salarios en 40% también será la propuesta del Gobierno en la inminente convocatoria al Consejo del Salario, que fija la remuneración mínima, vital y móvil, en una decisión que debe salir por consenso entre los 16 representantes gremiales y sus contrapartes patronales.
Ese valor marca las expectativas salariales del sector informal, impacta en la paritaria, estatal como un piso, y actualiza los montos de las prestaciones sociales. En este punto, el Gobierno proyecta actualizarlo en 40% y ofrecer una revisión en septiembre y octubre.
En el equipo económico saben que no será tarea fácil. A los fenómenos locales, se suma un contexto externo adverso, por la inflación proyectada en EE. UU., en torno al 10%, y la suba de las “commodities” agrícolas y energéticas, por la guerra que Rusia provocó en Ucrania.
