Esa superficie equivale al 11% de la provincia, según el cuarto informe técnico del grupo de Recursos Naturales de la Estación Experimental Agropecuaria del INTA Corrientes, actualizado al pasado 21 de febrero, que determinó que son 934.238 las hectáreas afectadas por los incendios.
Según el documento, basado en el análisis de imágenes satelitales, hay un progresivo incremento de la cobertura vegetal de los campos afectada por el fuego en la provincia mesopotámica. “En valores absolutos, la cobertura vegetal más afectada, detectada en este informe, siguen siendo los esteros (y otros bañados) pasando de 245.000 ha a 275.000 ha. Los pastizales del nordeste fueron muy afectados, duplicándose el área quemada al pasar de 18.000 a 40.000 ha”, entre este informe y el anterior.
Por su parte, el INTA Castelar señaló que, en los primeros 23 días de lo que va de este mes hubo 6055 focos de calor, de los cuales 1913 se registraron en el departamento de Ituzaingó y 814 en el de Santo Tomé. Hasta la fecha en que fue elaborado el informe, el ritmo de incremento de la superficie afectada era de 30.000 hectáreas diarias.
El documento precisa que “todas las coberturas mostraron un incremento del área quemada. En valores absolutos, las más afectadas por las quemas fueron las de ambientes de humedales, con más de 533.000 ha acumuladas a la fecha de este informe. Sin embargo, se registró un aumento en la superficie quemada de pastizales del nordeste”.
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En cuanto a la distribución geográfica de las áreas afectadas, dentro de la provincia, con más de 173.000 ha, el departamento Ituzaingó presenta la mayor superficie acumulada por quemas; seguido de Santo Tomé con 108.000 ha. Sin embargo, con relación a la afectación para un solo departamento, San Miguel presenta el mayor porcentaje de su superficie afectada, con el 32%.
En tanto, el Gobierno homologó la declaración de Emergencia y de Desastre para las explotaciones agropecuarias afectadas por sequías y/o incendios en la provincia de Corrientes, por el término de 6 meses, a partir del 1° de enero de este año, prorrogable por otro plazo igual.
La declaración permitirá a los productores acceder a beneficios en materia de impuestos nacionales y créditos, como así también se suspenderá hasta 90 días y/o hasta concluir el ciclo productivo “después de finalizado el período de emergencia agropecuaria o zona de desastre de la iniciación de juicios y procedimientos administrativos, por cobros de acreencias vencidas con anterioridad a la emergencia o desastre agropecuario”.
Además, los juicios ya iniciados deberán paralizarse. En rigor, “por el mismo período quedará suspendido el curso de los términos procesales de la caducidad de instancia y prescripción”.
Respecto de las ventas forzosas de hacienda que deba realizar un productor por el desastre agropecuario, podrá deducirse en el balance impositivo del impuesto a las ganancias, el 100% de los beneficios derivados de tales ventas. “Esta deducción se computará en los ejercicios fiscales en que las ventas hubieran tenido lugar”, dice la ley ley 26.509, de Emergencia Agropecuaria.
Según la normativa, la “venta forzosa es la venta que exceda en cantidad de cabezas, el promedio de las efectuadas por el contribuyente en los dos ejercicios anteriores a aquel en el cual se haya declarado la zona en estado de emergencia o desastre agropecuario, considerando cada especie y categoría por separado, y en la medida en que dicho excedente esté cubierto por operaciones realizadas durante el período, dentro del año fiscal en que la zona fue declarada en estado de emergencia o desastre agropecuario”.
El miércoles pasado en el cruce de las rutas provinciales 119 y 24, en la localidad de Mariano I. Loza, una asamblea de más de 200 productores había reclamado en un petitorio que se declare en Corrientes la catástrofe productiva.
Allí se mencionó que se debería contemplar que las ventas realizadas durante la vigencia de la catástrofe estén exentas de impuestos nacionales y provinciales (ley de venta forzosa modificada y eliminación del arancel de la mera compra), para que “los productores puedan vender y después reponer el stock vacuno cuando se normalice la situación productiva”. Otra cuestión solicitada por los ganaderos correntinos fue que “el IVA percibido por las ventas forzosas, realizadas durante la vigencia de la catástrofe, sea asignado a los contribuyentes como subsidio, eximiéndolos del pago del mismo”.
Finalmente y tras más de 90 días, llovió en varias zonas del territorio correntino y, según los pronósticos seguirían las precipitaciones en los días venideros. Hasta el jueves, los milímetros registrados eran dispares. En Santo Tomé, una de las zonas más complicadas de la provincia, las lluvias fueron de 26 mm; en Goya y Santa Lucía cayeron unos 20 mm; en Colonia Carolina, 27 mm; en Desmochado y Chavarría, 24 mm; en Curuzú Cuatiá, 17 mm, y en Perugorría, 10 mm.
En tanto, las menores lluvias se dieron en La Cruz (2 mm), en Santa Rosa (3 mm), en Concepción (2 mm), en Virasoro (1 mm), en San Miguel (4 mm), en Caa Catí (1,5 mm), en El Sombrero (1 mm), en La Cruz (2 mm), en Gobernador Virasoro (1 mm), en Mocoretá (3 mm) y en Monte Caseros (5 mm).
