Así se expresó el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, durante una reunión que mantuvo con el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), con motivo del tratamiento del proyecto de Ley de Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial Federal, Inclusivo, Sustentable y Exportador”.
La iniciativa, fue incluida por el Poder Ejecutivo en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso, cuyo período rige hasta el 28 de este mes. Pero, a menos de 3 semanas de esa fecha, no hay previstas sesiones, ya que los bloques partidarios no logran ponerse de acuerdo para conformar al menos 9 de las 12 comisiones, que son las necesarias para tratar los temas que el Gobierno pide debatir.
De la reunión con Massa participaron el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, y algunos representantes del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), entidad que agrupa a 64 cámaras empresarias de la actividad. Asistieron Alfredo Paseyro (Asociación de Semilleros Argentinos), Agustín Tejeda (Bolsa de Cereales -Buenos Aires-), David Miazzo (Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina -FADA-), Martín Rosenkjaer (Cámara de Legumbres de la República Argentina -CLeRA), Adolfo Franke (Asociación Argentino de Productores Porcinos), Roberto Domenech (Centro de Empresas Procesadoras Avícolas), Dardo Chiesa (Mesa de las Carnes) y Silvina Campos Carlés (Coninagro).
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Fuentes agroindustriales, citadas por el diario La Nación, señalaron que la próxima semana se conformaría la Comisión de Agricultura de Diputados y se iniciaría el debate. El proyecto de ley contempla estímulos para las inversiones, deducciones para la compra de insumos y beneficios para la ganadería, entre otros rubros.
El CAA mantuvo diversas reuniones con funcionarios e incluso con actores de la oposición para que se impulse una iniciativa que permita incrementar las exportaciones agroindustriales de US$65.000 a 100.000 millones, en la próxima década.
“No tengo duda de que un campo industrializado es el mejor aliado que la Argentina puede tener para los próximos años porque, en la era del crecimiento poblacional y la revolución de la tecnología, la proteína y el capital humano son los dos valores más importantes de la sociedad moderna”, señaló Massa.
Y agregó que “esta ley tiene la enorme virtud de construcción de consenso entre el sector público y privado. El gobierno y el campo no son enemigos, sino que se pueden poner de acuerdo y dar una política de Estado a 10 años o más, que permita promover la generación de valor agregado, empleo y aumento de exportaciones”.
Por su parte, Domínguez calificó al proyecto como “un salto cualitativo y una apuesta a la industrialización. Esto es un cambio de paradigma, una decisión de todo el sector de ‘desprimarizar’ el sistema de producción argentino y marcar un sendero industrial, que es el salto que el país tiene que dar”, enfatizó el ministro de Agricultura.
El proyecto de ley establece que sus beneficiarios “podrán optar por practicar las respectivas amortizaciones a partir de la incorporación del bien de que se trate al patrimonio”, así como también “aquellas inversiones que integren el activo de cooperativas alcanzadas por la contribución especial sobre el capital de estas últimas”.
“Para inversiones realizadas en bienes muebles nuevos amortizables (excepto los automóviles) adquiridos, elaborados o fabricados, que impacten positivamente sobre el conjunto del entramado productivo local, serán en tres cuotas anuales, iguales y consecutivas”, dice el proyecto.
La norma crearía el “Sistema de Promoción Agroindustrial para la Producción Sostenible” que busca “incrementar la producción agropecuaria, las exportaciones y conservar el capital natural del suelo, en el marco de las buenas prácticas y las medidas de adaptación al cambio climático”. Además, impulsará el incremento del uso de semilla fiscalizada de especies autógamas de producción nacional y estimulará la producción sustentable con fertilizantes e insumos químicos o biológicos, y la productividad de la ganadería vacuna.
De ser aprobado el proyecto, la ley crearía un registro cuyos inscriptos “podrán convertir en un certificado de crédito fiscal sobre el 50% de los gastos y erogaciones deducibles del impuesto a las ganancias, correspondientes a adquisiciones de fertilizantes orgánicos e inorgánicos, semillas autógamas, forrajeras y hortícolas, debidamente identificadas y fiscalizadas, y de gastos en genética y sanidad ganadera”.
