Así surge de un informe de la Sociedad Rural local, que evaluó los daños que produjeron los más de 300 mm de lluvias que se registraron en enero pasado, que anegaron o inundaron unas 289.320 ha de campos, de las 723.000 ha de superficie rural de ese distrito del noroeste provincial.
La actividad pecuaria es la más perjudicada, ya que las contingencias climáticas provocarán menor inversión, oferta y producción. “Vemos que se perderán recursos ya implantados como pasturas que tienen un costo inicial alto de amortizar en varios años de producción. Esto es posible que genere un aumento de costos para mantener la carga o la necesidad de vender y achicar los rodeos. Por tal motivo no solo se pierde el recurso, sino que además se afecta a la producción ganadera”, dice el informe de la entidad ruralista.
Igualmente, se esperan grandes pérdidas en los cultivos, principalmente en las sojas de segunda y -en menor proporción- en maíces de segunda y tardíos, que estaban en etapas tempranas de emergencia.
De acuerdo con el informe, por cada ha de maíz con un rendimiento potencial de 10.000 kg/ha que se pierde, se resignarán US$2.800 al valor oficial por ha, según el precio FOB actual. Esto si se considera que la mayoría de las inversiones ya están realizadas por parte del productor, solo faltando aquellos gastos afectados a la cosecha y su comercialización.
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De ese monto, unos US$9.857/ha serían por impuestos directos, US$336/ha de derechos de exportación (retenciones), US$477ha de impuesto de Sellos e Ingresos Brutos (II. BB.) a la venta del grano y US$603/ha por pago de Impuesto a las Ganancias que, al darse un ingreso marginal, debido al lucro cesante, no se descontarían sobre las erogaciones ya ejecutadas. Otras pérdidas se darán por viajes de camión no realizados por unos US$350/ha y por gastos de la cosecha no ejecutada corresponderían unos US$150/ha.
En tanto, de los ingresos no devengados para el productor el impacto es de unos US$1.119/ha, recursos que, de tenerlos, podría destinar a pagar los costos de implantación de los próximos cultivos, el arrendamiento de la tierra o dividendos, intereses y créditos tomados, y un saldo de renta del capital utilizado.
Respecto de la soja, la rural villeguense estimó que por cada ha que se pierda, con un rendimiento potencial de 4.000 kg/ha, se perderá el monto equivalente a US$2.536/ha al valor oficial, según el precio FOB actual. De ese importe, US$1.322/ha corresponderían a impuestos directos, US$836/ha a derechos de exportación, US$32/ha a impuesto de Sellos e II.BB. a la venta del grano, y US$454/ha por pago del Impuesto a las Ganancias.
Por su parte, las pérdidas por viajes de camión sin realizar serían de US$140/ha y por la cosecha no ejecutada llegarían a unos US$106/ha. En tanto, el productor no podrá contar con US$843/ha, que le servirían para cumplir con sus compromisos económicos.
El documento de la entidad remarcó la importancia de “tratar de acompañar al productor (ganadero) con opciones de financiamiento que permitan recomponer el planteo forrajero”. El costo de implantación de una pastura se encuentra en alrededor de los US$350 por hectárea más IVA.
En este contexto, la Sociedad Rural de General Villegas reclamó por la falta de canales y mantenimiento de cunetas y alcantarillas. “Sin ordenar los pasos de aguas es imposible tener caminos”, y “sin caminos no hay civilización, la gente se va a las ciudades y los campos quedan despoblados, dificultándose conseguir mano de obra para una actividad muy necesaria para el país, económica y territorialmente”, concluyó.
