Los delitos rurales se han multiplicado en los últimos tiempos, aumentando en cantidad y tipo de daños.
En el 2021 se ha reportado la rotura de 60 silobolsas y la zona centro del país es el área más castigada.
El ingeniero agrónomo Matías Lestani, responsable del Departamento de Análisis Económico de Confederaciones Rurales Argentinas, ha realizado un estudio sobre estos hechos delictivos.
Según los datos que surgen de su estudio, la mayor cantidad de vandalismos corresponden a las provincias de Buenos Aires y Santa Fe. Cada una suma el 37% de los casos, luego le sigue Córdoba, con el 22%.
Este tipo de ataques se suelen registrar con mayor intensidad en el último trimestre del año y se repiten variando su intensidad y su frecuencia. El año pasado fue record en vandalismos y es probable que se incrementen este año por ser un año electoral.
Los daños a la propiedad rural, roturas, incendios y robos afectan a tanto a pequeños productores como a grandes empresas. En muchos casos son delitos no tipificados y como tales no pueden ser pasibles de sanción al respecto. Se espera un avance con la sanción de la ley para castigar y combatir el vandalismo rural, ya que el campo necesita que la legislación acompañe y proteja el esfuerzo y la inversión realizada. Pero eso no es suficiente si además no existe una condena desde lo discursivo, en algunos casos las roturas de silobolsas se interpretan como una acción de reivindicación de un grupo opositor.
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Según las palabras de Gabriel de Raedemaeker, vicepresidente de CRA, muchas veces los ataques a silobolsas no están relacionados con el robo sino son daños por sí mismos, lo que habla de un ataque cargado de ideología o prejuicios hacia el sector. Son mucho más graves cuando están seguidos de robo, pero al mismo tiempo son más entendibles. Estos otros tienen una cuota de fanatismo.
Con respecto a la prevención de delitos, la seguridad rural es una competencia provincial y las entidades zonales participan con las autoridades del diseño de planes de acción para disminuir y controlar la delincuencia.
En la provincia de Córdoba se trabaja en conjunto con el gobierno provincial y las entidades para fortalecer el sistema de patrullas rurales. Para esto se ha dividido la provincia en diferentes jurisdicciones, se ha creado una división específica y se ha entrenado personal y equipado patrullas. Además, se está trabajando en implementar sistemas para monitorear y cubrir a través de las antenas toda la provincia. Las patrullas tienen alto poder de disuasión por lo que es necesario seguir extendiéndolas a todas las localidades.
En la provincia de Buenos Aires, el gobierno se comprometió a dotar de 100 patrulleros a la patrulla rural, pero hasta ahora no han podido cumplir con las entregas.
