Además de sus hermanos Juan Diego y Sebastián y su madre Leonor Barbero por las maniobras de extorsión e intimidación y “asfixia económica” en función de la ley de protección a la mujer, cometidas contra Dolores Etchevehere.
A partir del fallecimiento en 2009 de Luis Félix Etchevehere, padre de los cuatro hermanos, se inició un conflicto sucesorio interminable, que incluyó maniobras denunciadas por Dolores para despojarla de su patrimonio a través de un acuerdo privado de división de bienes, que para el fiscal no tiene efectos.
El fiscal encuadró la situación de Dolores como un caso de violencia de género, y dio por probado que las autoridades provinciales de Entre Ríos “trataron de disuadir su reclamo invocando el prestigio social y el capital político y simbólico de su familia. Esa suerte de cemento impidió que los reclamos de Dolores Etchehevere tengan otra respuesta que el paso del tiempo”.
Delgado consideró que el juez debe dar intervención a su colega federal de Entre Ríos, ya que la mayoría de los hechos denunciados por Dolores ocurrieron en esa jurisdicción, pero pidió que se disponga la indagatoria de la familia en razón del grado de sospecha que recae sobre ellos.
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Al hacer la denuncia, Dolores relató los hechos de violencia, amenaza y extorsión que recibió por parte de sus hermanos. La declaración incluyó el relato de cómo esta violencia se agravó en el período en el que Luis Miguel Etchevehere se desempeñaba como presidente de la Sociedad Rural Argentina, y posteriormente como ministro de Agricultura de la Nación. “Etchevehere utilizaba su posición de poder y tráfico de influencias para, entre otras cosas, obligar su hermana a firmar documentos perjudiciales para ella y sus hijos”, denunciaron los letrados de Dolores.
Para el fiscal, Dolores “es sometida a un mecanismo de intimación derivado del uso particular del sistema institucional, para torcer su voluntad y que, en consecuencia, producto de la asfixia económica, suscriba un acuerdo privado de división de bienes independientemente de las previsiones del Código Civil y Comercial en materia sucesoria”.
Antes de disponer la indagatoria, la fiscalía pidió la colaboración de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres de la Procuración General de la Nación. Las conclusiones son significativas.
Las profesionales de UFEM hicieron especial hincapié en que lo vivido por Dolores Etchevehere trascendió la esfera privada porque ella “tomó la decisión de visibilizar y transformar una situación tradicionalmente considerada en su entorno como privada e individual, en un asunto público”.
La ley aplicable para el fiscal es la 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales y de su decreto reglamentario 1011/2012.
El artículo 5 de la ley 26485 prevé como caso de violencia específica contra la mujer, la económica y patrimonial, que se caracteriza por la perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de los bienes, la pérdida de derechos patrimoniales y por la limitación de los recursos económicos para satisfacer sus necesidades de vida.
La intimidación que sufrió juega un papel fundamental para el fiscal.
Explica el fiscal que se probó que las autoridades provinciales “trataron de disuadir su reclamo invocando el prestigio social y el capital político y simbólico de su familia. Esa suerte de cemento impidió que los reclamos de Dolores Etchehevere tengan otra respuesta que el paso del tiempo”.
El fiscal destacó la “asfixia económica” que sufrió y el “poder asimétrico dirigido a conseguir un acuerdo sucesorio a medida de los imputados”.
Luego del testimonio de la denunciante, la fiscalía verificó la existencia de múltiples expedientes judiciales archivados o demorados en el tiempo. A la par, la denunciante documentó las reuniones que mantuvo con autoridades provinciales, políticas y judiciales, mediante las que intentaron disuadirla de algunas de sus acciones.
Finalmente afirmó que aparece firmando un acta notarial en Entre Ríos, cediendo su parte del predio Las Margaritas, aunque ese día estaba en Buenos Aires y la fiscalía corroboró esa circunstancia.
