P.: Ya quedó descartada la intervención de Vicentin. En este marco, la semana pasada fue noticia porque no está pagando los sueldos de su firma algodonera. ¿Cómo analiza ahora la situación de la agroexportadora?
L.B.: Justamente lo que está sucediendo en la algodonera es lo que se buscaba evitar cuando el Presidente promovió la intervención de la compañía. Ahora la cuestión seguirá en la Justicia, con el concurso de acreedores y todo parece indicar que la firma iría a la quiebra y eso significará el desguace de sus unidades. Eso es lo que parece respecto a su complicada situación financiera, con una deuda total que no se terminó de estimar a pesar del concurso y que podría ser de más de u$s1.600 millones. También el Gobierno en su momento tomó la decisión de la intervención porque se buscó que la empresa pueda honrar sus deudas de la mano de la reactivación, todos los días recibíamos pedidos concretos de sus acreedores para que hiciéramos algo. Bueno, ahora la estrategia cambió y lo explicó muy bien el presidente de la Nación, porque no hubo voluntad de la Justicia y la intención no era salvar a sus dueños sino a sus acreedores y las operaciones de la empresa, que tenía un peso de relevancia en el sector agroexportador.
P.: En las últimas semanas estuvo muy activo respecto a combatir la inseguridad rural, tema al que en algún momento se le quiso dar un enfoque político ¿Cómo sigue esta cuestión?
L.B.: Así es, venimos trabajando con la ministra de Seguridad, Sabrina Frederic, para llegar al fondo de la cuestión. Creo que a esta altura ya quedó evidenciado que atrás de la rotura de los silobolsas no había una cuestión política, a nosotros, al Gobierno, nos preocupa tanto como al propio productor. Lo cierto es que la rotura de silobolsas no es de ahora, sucedió con el Gobierno anterior y sucede con este. Pero claro, es un tema que hay que abordarlo y trabajar en conjunto con otras áreas del Gobierno y los representantes de los productores. En este caso, dialogamos directo con referentes de la Mesa de Enlace y en paralelo, días atrás, anunciamos la creación de un Comisión Interministerial Permanente para darle una respuesta eficiente a esta lógica preocupación que hoy tiene el sector. También estamos trabajando con los gobiernos provinciales y esperamos que desde el sector privado también se involucren en la denuncia de los hechos y brindando toda la información pertinente para que el Gobierno nacional y los provinciales puedan trabajar en la problemática.
P.: ¿Cómo sigue el proyecto para instalar granjas porcinas con inversiones chinas, qué opina de la polémica ambiental?
L.B.: Para nosotros no hay desarrollo sustentable si no tiene un componente ambiental, un componente social y un componente económico. En este momento, lo que aparece es una importante demanda por parte del mercado chino, ante un problema sanitario que hizo caer su rodeo porcino en más del 50%. En este marco, el Estado chino y los empresarios chinos están a la búsqueda de lugares donde puedan proveerse de esas proteínas animales, y claramente la Argentina es candidata a aprovechar esta oportunidad, pero no a cualquier costo. Es decir, se está analizando el proyecto y el Gobierno está estipulando pautas para que sea sustentable desde los tres ejes, económico, ambiental y social. Todavía no se firmó el acuerdo. El sentido de producción, para nosotros, es que no quede ningún productor afectado por un acuerdo de esta naturaleza. Entendemos que hay que ser equilibrados para que estos modelos no desplacen a nuestros productores sino hacerlos parte. Respecto a la cuestión ambiental, particularmente la sigo muy de cerca y lo importante aquí es que de ninguna manera habrá desmontes y que en realidad se convertirán en carne parte de nuestra producción de granos que hoy está siendo exportada sin procesar. Es una oportunidad, si consensuamos las pautas.
P.: Respecto a la primarización de las exportaciones, ¿es posible entonces que se vuelva a un esquema de retenciones diferencial en la cadena de la soja?
L.B.: Esa cuestión se está siguiendo de cerca y se está evaluando, no hay ninguna decisión tomada al respecto. Lo importante es que el Gobierno está en una etapa que busca consensuar con todos los sectores, por eso no se tomará una decisión a la ligera.
P.: Teniendo en cuenta la necesidad del Gobierno de una mayor recaudación, ¿es factible un incremento en las retenciones?
L.B.: Hemos autoimpuesto un tope en las retenciones, y lo hicimos mediante una ley, que le permite al Estado subir tres puntos más, pero hoy eso no está bajo análisis. Con el nivel que hemos fijado, entendemos que le estamos dando una señal al sector, y que este está respondiendo satisfactoriamente invirtiendo para incrementar la producción y las cosechas. Es decir que hay un compromiso del sector en invertir y más ahora con el acuerdo de la deuda, imagino que va a ser un escenario muy favorable para la producción.
P.: Tiempo atrás se anunció que se pagarían compensaciones a los productores de soja que producían hasta 1.000 toneladas. ¿Cuándo se harán efectivas concretamente?
L.B.: Esperamos realmente muy pronto comenzar a pagar; el Gobierno definitivamente honrará su compromiso, de eso no hay ninguna duda, porque incluso nosotros propusimos estas compensaciones. Los pagos se demoraron porque primero se tuvo que identificar a los productores que produjeron hasta 1.000 toneladas, pero ahora esperamos muy pronto comenzar a efectuar los pagos correspondientes.
