Estamos viviendo un Grito de Alcorta a la inversa. En junio de 1912, en esa gran huelga agraria del sur de Santa Fe que pasó a la historia como el Grito de Alcorta, la parte débil era el arrendatario y la parte fuerte el propietario. En la actualidad estamos asistiendo a un proceso inverso donde la parte débil es el propietario y la parte fuerte el arrendatario.
Si bien y, por suerte, lo mejor de la vida no está en los esquemas polarizantes, rígidos, o en las etiquetas fáciles y los prejuicios, sino en la multiplicidad de posibilidades, en las diferencias, me atrevo a simplificar un poco para graficar la complejidad del sistema agropecuario de nuestro país y de mi provincia.
Comparando algunos datos preliminares del Censo Nacional Agropecuario (CNA) 2018 con el CNA 2002, la provincia de Santa Fe tiene un 27% menos de Explotaciones Agropecuarias (EAPs), y el país un 25% menos (con limites definidos). Según el CNA del 2002, en la provincia de Santa Fe había 27.142 EAPs. En el reciente CNA del 2018 se registraron 19.829 EAPs, con una superficie total de hectáreas de 9.476.631,5. Un 27% menos de explotaciones agropecuarias en 16 años.
Es importante entender la disminución y estratificación que ha ocurrido en el sector rural para definir políticas agropecuarias y tributarias adecuadas.
El CNA 2018 muestra en Santa Fe un aumento de la superficie media, una concentración de la propiedad en el norte provincial en los campos de baja categoría y una atomización de productores en los campos de alta categoría del sur de la provincia.
En los cinco departamentos del sur de Santa Fe (campos máximas categorías) según el CNA 2002 había 11.064 unidades productivas con una superficie media promedio de 210 hectáreas. En el CNA 2018 todavía no están los datos por regiones, pero habrían disminuido las EAPs.
El 89% de las EAPs santafesinas se encuentran en una escala de extensión de 5 a 1000 hectáreas. Son 17.785 unidades productivas, con una superficie de 3.927.497,8 hectáreas. El 78% del total provincial se encuentran en una escala de 5 a 500 hectáreas y una superficie total de 2.375.894 hectáreas.
El 10% de las explotaciones agropecuarias de Santa Fe, unas 2044 EAPs, van de una escala de 1000,1 hectáreas a 20.000,1 alcanzando una superficie agropecuaria de 5.549.133,7 hectáreas del total provincial. Representan el 58,5% de la superficie en hectáreas.
Si bien el 58,5% de la superficie agropecuaria de Santa Fe se concentra en 2044 EAPs, hay que tener en cuenta que en el centro/norte de la provincia hay campos de baja categorías donde, por ejemplo, la carga de animales por hectárea es de 1 cabeza cada 3 o 5 hectáreas.
Dicho esto, también es un dato objetivo que 53 EAPs detentan una superficie total de 1.032.499 hectáreas (algunos son propietarios extranjeros), o 19 EAPs tienen una superficie total de 581.513 hectáreas.
Otro dato fuerte del CNA 2018 es la relación entre la desaparición de las explotaciones agropecuarias, especialmente del centro al sur de Santa Fe y el aumento de la superficie media en hectáreas a nivel provincial, que pasó de 401 hectáreas en 2002 a 480 en 2018.
Agricultura por contrato
El 49 % de las parcelas están arrendadas. Según el CNA 2018, la provincia tiene 74.154 parcelas, las cuales se dividen por el tipo de dominio y régimen de tenencia de la tierra en 31.709 parcelas en manos de los propietarios, 941 en sucesión indivisa, 36.126 en arrendamiento, 1.896 en aparcería, 935 ocupación con permiso y 786 en comodato.
El ADN de Santa Fe
Otro dato de gran relevancia en la provincia es el nivel de asociativismo de los productores. El 51% del total de las EAPs están con algún tipo de asociativismo: 9247 están vinculadas a cooperativas, 1973 a entidades gremiales y 418 asociadas a entidades técnicas.
Pareciera que el debate agropecuario en la política argentina solo se circunscribe a las retenciones a las exportaciones y el único interés por parte de diferentes gobiernos de turno hacia un determinado subsector de un sistema agropecuario muy heterogéneo, se centra en el interés recaudatorio y fiscal.
Luego de muchísimos años de relacionarme con el sector agropecuario desde diferentes lugares, estoy convencido que las retenciones operan de manera negativa para las unidades productivas. Contribuyen y son funcionales a la concentración agraria por contrato, a la desaparición de los productores propietarios y a la pérdida del federalismo fiscal.
Las pequeñas y medianas unidades productivas del sur de Santa Fe (claramente la mayoría) pagan por su propiedad y producción varios impuestos superpuestos y a la misma vez luchan contra la concentración agraria, la escala tecnológica, cambio climatico, leyes de emergencia obsoletas. Además de estar cada vez más dependientes de los dueños de las tecnologías y proveedores e insumos.
Pero, así como las retenciones contribuyen a la concentración agraria por contrato y a la desaparición de productores, su ausencia no garantiza lo contrario.
Esto indica que el problema está en otro lado y creo que es la ausencia de una política de estado de desarrollo integral, de concertación pública-privada, estratificada. Que pueda tener una mirada por regiones, por actores, por cadenas agroalimentarias. Es justo decir que hubo valiosos intentos en las últimas décadas, pero también es cierto que no se sostuvieron en el tiempo.
Desde una visión estratégica y nacional, sin encerrarnos en apegos ideológicos o de intereses, debemos hacer entre todos una política que promueva la integración de forma permanente y agregue valor, que asuma la transición verde y las nuevas energías renovables, el balance agronómico y la ganadería sustentable, una agenda del cambio climatico desde el suelo productivo y las obras de infraestructura, que resuelva el conflicto entre salud pública, transgénicos y agroquímicos, que defina una agenda biotecnológica nacional y menos dependiente, que empodere a la agricultura familiar, que definamos nuevos estándares y marcos jurídicos para garantizar transparencia hacia el interior de las cadenas de valor.
Una política que convoque en serio al cooperativismo agropecuario, de servicios y al mutualismo como una alternativa real y justa para vencer la concentración económica, la exclusión y la desigualdad.
Fuente: La Nación | Por: Luis Contigiani – Diputado Nacional
