Por retenciones recaudarán menos de lo esperado

Y así se lo hicieron saber a Basterra la gente de Tucumán, Salta, Santiago del Estero, y Catamarca, pertenecientes a las distintas entidades del sector, y acompañados por los “autoconvocados”, muy activos también en aquella región. El encuentro fue favorecido por el legislador tucumano Juan Casañas y, aunque lógicamente no se adelantó nada en concreto (Basterra no decide), en el ambiente quedó flotando el tema del diferencial y la convocatoria para volver a reunirse el martes 7. Los productores, además, hicieron conocer un estudio de la Experimental de Tucumán en el que se demuestra que esa región no soporta un punto más de retenciones.

Y, aunque sin fecha definida aún, lo mismo está ocurriendo a nivel nacional. Los dirigentes están escépticos y con muy poco margen de maniobra frente a “las bases” que mantienen el espíritu de protesta, mientras que el gobierno, con escaso poder de fuego y sin estructura (sobre todo de planes), tampoco quiere repetir la experiencia de 2008.

Por supuesto que el mal humor se acrecienta no solo por la seca, o por la falta de comunicación inicial, sino también por los impuestos provinciales que comienzan a subir exponencialmente (las provincias deben cubrirse, entre otras cosas, de lo que pierden por retenciones que no son coparticipables, aunque se trata de recursos captados en la actividad de cada territorio), y por la falta de respuestas concretas ante los problemas que surgen de la instrumentación de la ley, hasta el momento meramente recaudatoria. Por ejemplo, ¿cuándo, cómo y quién instrumentaría la mal llamada “segmentación”? ¿Cuáles son los parámetros? ¿Cómo se dejan afuera las producciones en zonas de Desastre o Emergencia?, ¿Y los fletes? ¿Cuándo se definen y podrían estar operables los puertos secos que se proponen para el interior? ¿Cuándo es la próxima reunión?

Mientras las preguntas se multiplican, crece el convencimiento de que solo se trata de ganar tiempo, pero esta vez parece que la dirigencia no se deja apabullar por el “relato”. “No estamos de acuerdo con la suba de las retenciones directamente, y no solo con los 3 puntos adicionales que algunos pretenden instalar”, corta un habitualmente conciliador Daniel Pelegrina de la Sociedad Rural, aunque sin reiterar (en voz alta) que la principal decepción vino de la mano de las excepciones como las de la minería, del incremento (otra vez) de la cantidad de ministerios, o de los regímenes especiales, mientras la clase pasiva y los productores soportan el peso fuerte de la recaudación para la emergencia.

Según el Instituto de Estudios Económicos de la SRA y el NI (Negociaciones Internacionales) la recaudación por los impuestos a la exportación (retenciones) pasó de u$s3.572 millones con la seca de la campaña 17/18, a u$s5.834 millones con el récord de la 18/19, cuando además se generalizó la aplicación de los $3-4 por tonelada. Ahora, con las actuales previsiones de cosecha (menores a la anterior) y la caída de los precios internacionales, la cifra en iguales condiciones, se hubiera reducido a u$s4.763 millones.

Sin embargo, con la aplicación de la ley (30% para soja; y 12% para los cereales) la cifra asciende a u$s6.572 millones y si se aplica el máximo admitido de 33% y 15%, respectivamente, el sector terminaría aportando más de u$s7.400 millones que, al margen del impacto distorsivo en toda la cadena, incide también en el precio de “lo que no se exporta y queda en el mercado doméstico”.

Pero, el escenario puede ser peor aún pues, si bien este es el cálculo de lo que estaría aportando la producción, no necesariamente es lo que capturaría el Gobierno, en primer lugar porque ya se sabe que la cosecha en marcha va a ser menor a la previa, volumen que puede seguir disminuyendo a medida que el clima siga complicado. De no haber nuevos recortes productivos de las 108 millones de toneladas exportadas en 2019 (granos y subproducto agrícolas), se bajarían entre 5 y 10 millones, y con precios de exportación también entre estables y menores.

El segundo factor aparentemente no considerado por las autoridades, es que más del 40% de las ventas al exterior ya están anotadas, lo que significa que se regirán por las condiciones previas, sin que las alcancen las subas de retenciones ahora vigentes. En síntesis, el peor escenario: costo político sin el beneficio para el Gobierno, y con la producción afectada en esta campaña y más aún en la próxima.