El titular del Ministerio Público Fiscal decidió contestar con su propia firma la solicitud que le hiciera a ese organismo el juez de la Cámara Civil y Comercial, Andrés Galanti, “dada la trascendencia institucional que revista este caso”, dice el texto que se incorpora al expediente.
García rechazó el pedido de inconstitucionalidad del decreto 2239/19, tal como lo plantean el Foro Ecologista de Paraná y la Asociación Gremial del Magisterio (Agmer) y sugirió al juez la citación en calidad de prueba de “terceros no admitidos al proceso cuyos intereses podrían verse afectados”, es decir los productores. Ahora el juez Galanti deberá decidir si abre el proceso a prueba o no y luego dictar sentencia sobre el motivo del amparo.
El dictamen de García “es un trámite que está contenido en la Ley de Amparo” resaltó Rodríguez Signes y valoró la “posición del MPF en favor de la postura de mantener la vigencia del decreto 2239”. Ahora el juez determinará si abre el proceso a prueba o no, para luego dar lugar a la sentencia.
“Nos satisface esa posición porque un órgano importantísimo, de rango constitucional en el ámbito del Poder Judicial, como es el MPF, coincide con nuestra posición”, agregó el Fiscal de Estado y destacó que “además la contesta el propio Procurador”.
En ese sentido, Rodríguez Signes recordó que el reglamento objetado en la demanda, es decir, el decreto 2239/19 “es el producto de muchísimo tiempo de trabajo, del que participaron la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Conicet a través de informes, la secretaría de Salud, la secretaría de Producción. No es un decreto que tenga algún vicio que lo convierta en nulo. Todo lo contrario, es un decreto muy fundado que implica que la administración está haciendo sus mejores esfuerzos para ejercer de la manera más responsable el poder de policía en materia de aplicación de plaguicidas”.
Fuente: Gobierno de Entre Ríos
