La laguna La Picasa vuelve a estar en el tapete. Productores rurales de la provincia de Buenos Aires , en especial de los partidos de Junín , Bragado, Chivilcoy,Leandro N. Alem, Chacabuco y Alberti, están preocupados y piden que se desactive un canal de escurrimiento hasta tanto se evalúe su impacto.
Ubicada en el sur de Santa Fe, la laguna llegó a alcanzar unas 40.000 hectáreas y sus desbordes afectan a poblaciones cercanas como Diego de Alvear, San Gregorio y Aaraón Castellanos, entre otras. La cuenca en torno de la laguna tiene impacto en las vecinas Buenos Aires y Córdoba.
Recientemente, Santa Fe inauguró una obra en su territorio que consiste en una suerte de “bypass” de aproximadamente 2400 metros que se conecta con un canal para permitir el escurrimiento del agua. Eso generó rechazo del lado de Buenos Aires.
Alberto Larrañaga, titular del Consejo Asesor del Salado, que nuclea a Carbap, Federación Agraria Argentina (FAA) y a la Rural, entre otras entidades, expuso la postura que tiene el organismo frente a esa canalización por parte de Santa Fe. “Es de absoluto rechazo. No se puede cortar un médano y construir un atajo facilista para solucionar el problema”, se quejó.
En diálogo con LA NACION, Gustavo Frederking, presidente de la Sociedad Rural de Junín, señaló que lo que se busca es “más que nada que se expliquen los fundamentos de la obra”.
“Hoy no se discute el qué, sino el cómo; es decir, cómo se utilizará ese bypass que se construyó”, dijo. Agregó: “Queremos que se nos asegure que los metros que se drenen serán cinco metros cúbicos y no más”.
Hace un tiempo, una decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó hacer un sistema de bombeo para sacar un máximo de cinco metros cúbicos por segundo tanto para el Canal de la Alternativa Norte (CAN) como para la del Sur, que corresponden a la laguna. Si bien para este último el método funcionó, no fue así para el CAN, según las fuentes consultadas.
Este fue el motivo que llevó a la provincia de Santa Fe a construir, sin consentimiento de las otras provincias involucradas, un canal de escurrimiento para descarga, con una alcantarilla con compuertas que permite el paso temporario de caudales. Se trata del “bypass” que mencionan los productores.
En este contexto, quedó planteada una disputa entre los productores bonaerenses y Santa Fe. Según expresó el secretario de Obras Hídricas y Acueductos de Santa Fe, Juan Carlos Bertoni, el CAN se desarrolla dentro del territorio santafesino, transita 90 kilómetros de longitud dentro de la provincia para recién pasar a Buenos Aires y tiene un nivel (cota) de 102,5 metros. “Las compuertas trabajan exactamente igual que la bomba, la alcantarilla no deja de pasar el agua si va más allá de esa medida”, aclaró ante las dudas de los ruralistas bonaerenses.
El funcionario remarcó que se quiere dejar a su provincia como “la mala de la película”, y señaló: “No queremos hacer ningún daño, esto no va a generar impacto aguas abajo. En el peor de los casos va a llegar a cinco metros cúbicos por segundo”.
El tema generó preocupación en el gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal. En este sentido, tras una reunión con productores por el conflicto, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos provincial expresó en un comunicado: “Cabe poner de resalto, que la conducta de la provincia de Santa Fe no solo importa una vía de hecho que puede perjudicar a la provincia de Buenos Aires, sino también un completo desconocimiento de los diferentes ámbitos de trabajo que conforman ambas jurisdicciones, en especial, de la Comisión Interjurisdiccional de la Cuenca La Picasa, y de la mesa de trabajo constituida al efecto en el año 2018”. El organismo también pidió desactivar esa obra.
Soluciones posibles
En medio de la disputa, para el 30 del actual se convocó al Comité de Cuenca de La Picasa con el fin de analizar y ver el posible impacto de la obra realizada.
El dirigente ruralista de Junín afirmó: “Solo queremos que medie la conformidad y agotar todas las vías constitucionales de diálogo”, indicó. Al respecto, Larrañaga fue más allá y exigió el cierre del canal como condición previa, necesaria e ineludible para que se sienten a discutir. “No se puede consensuar bajo la doctrina de hechos consumados. Que inactiven el canal y hagan un taponamiento, como señal de buena voluntad”, subrayó.
El titular de la cartera hídrica de Santa Fe fue terminante y expresó: “Debemos trabajar en conjunto. Pero en la medida que no haya acuerdo, nosotros manejaremos la compuerta como mejor nos parezca y haremos uso de la capacidad de almacenamiento dentro del territorio santafesino”.
Fuente: Diario La Nación por Mariana Reinke
