Hoy estamos más cerca de alcanzar el consenso necesario para lograr una nueva ley de semillas. Nunca entendimos que proteger la propiedad intelectual es una necesidad imperiosa para quienes invierten en investigación y desarrollo, y para poder seguir invirtiendo en el país, deben recuperar las inversiones de tiempo y dinero. El camino burocrático que debe recorrer un nuevo evento o variedad es tremendamente largo.
No hay dudas de que las pérdidas concretas que significan para los productores, no contar con los adelantos tecnológicos necesarios para producir eficientemente ante la problemática actual es mucho mayor que el valor que pagaríamos por reconocer la propiedad intelectual de las semillas. Esta ecuación ya es aceptada por la mayoría de los usuarios, productores de granos argentinos y mesas multilaterales, aunque todavía y después de haber suscripto importantes acuerdos con la industria quedan dirigentes que dudan en aceptarlo, influidos por la bucólica nostalgia del pasado de escardillos y azadas.
Esta ley, que inevitablemente tiene que adecuarse al mundo actual, se percibe como algo que solamente afecta al sector agropecuario, pero nada más lejos de la realidad; los países que reconocen la propiedad intelectual cuando ven que en otros lugares la usan sin pagar, les ponen aranceles a las importaciones y así se perjudica al conjunto de actores de la cadena, en este caso, a los productores argentinos. Por este motivo luchar para que se logre de una buena vez es tarea de todos: productores, industriales, funcionarios y legisladores. Pero el que en primera o última instancia y en resguardo de la economía de su país tiene que hacer el esfuerzo para lograrla es el propio gobierno, y no solo este, ya que, de todos los colores, ninguno se animó, y por falta de decisión o coraje se la viene postergando desde hace 20 años.
Pareciera que el coraje de los gobernantes, en algunos casos, es transmitido por algunos operadores del comercio de granos. Me refiero a la rápida resolución para permitir el ingreso para molienda de soja desde Estados Unidos, cuando sabemos que esos granos en parte son producidos con semillas modificadas con eventos que no están liberados en nuestro país. Desde el punto de vista profano esto no tiene ningún inconveniente, pero, para quienes conocen los tiempos normales de liberación de un evento, que a veces tarda diez años, para este caso de necesidad de la industria aceitera, se liberó en veinte días. Esta medida, que no critico por necesaria y positiva, contrasta fuertemente con la falta de expedición por parte de las autoridades que tienen que liberar eventos que ya probaron su inocuidad y se mantienen cajoneados tal vez para no complicarle la vida a alguien.
Ojalá que esa dosis de coraje adquirida para la urgencia alcance también para presentar el famoso proyecto de reforma y adecuación de la ley 20.247 y comencemos la nueva campaña de soja con un nuevo marco legal que dé el impulso necesario para que en pocos años nos coloque en la verdadera vanguardia de la producción mundial de granos.
