El sector agropecuario tiene en nuestro país una relevancia económica y social significativa. Al mismo tiempo, las actividades agropecuarias se encuentran sujetas a diversas fuentes de riesgo, contándose entre las más importantes el clima y los precios.
La mayoría de las producciones se desarrollan a cielo abierto, quedando por ende a merced de una elevada y creciente variabilidad climática ( sequías e inundaciones ). Esta variabilidad explica en gran medida las variaciones en el rendimiento de los cultivos. Adicionalmente, los precios también impactan dado que, a la volatilidad determinada por la oferta y los stocks de granos, se suma la generada por los fondos de inversión que, mediante su operatoria en los mercados generan mayor variabilidad en los precios de las materias primas.
Los últimos años han sido ejemplos claros de esta exposición de los productores a riesgos climáticos y de precios, los cuales son cada vez menos predecibles y complejizan notablemente la gestión.
Dada la importancia económica y social del sector, es necesario encontrar la manera de gestionar estos riesgos, y esta solución debe ser integral. Una gestión integral de riesgos implica pensar y diagramar estrategias para reducir el impacto. En la actualidad se utilizan muchas estrategias; sin embargo, no se las articula entre sí con el objetivo de reducir el impacto de los riesgos en función de su frecuencia (cada cuánto tiempo sucede el evento) e intensidad (cuál es el impacto cada vez que sucede).
En relación con los riesgos que ocurren con frecuencia e intensidad baja o moderada, el productor puede recurrir a estrategias que están a su alcance dentro del campo. Ejemplos de ellas son, entre otras, la elección de variedades, la selección de determinadas fechas de siembra, la utilización de contratos para compartir riesgos y la diversificación geográfica de cultivos.
En el caso de los eventos que tienen frecuencia moderada y un impacto medio existen los mercados, que le permiten al productor transferir los riesgos (climáticos y de precios) contra el pago de una prima. En nuestro país, del total de hectáreas aseguradas, 82,5% se cubrió contra granizo, 17% correspondió a granizo con adicionales, y 0,5% a seguros multirriesgo. Estas últimas son coberturas que, entre otros eventos, incluyen sequía o inundaciones.
En el mundo existen, además, innovaciones como los seguros índices o paramétricos (que no se aplican en la Argentina), cuyo pago se encuentra sujeto al comportamiento de un indicador. Estas coberturas tienen el beneficio de tener primas más accesibles, debido a que el pago se realiza en función del valor del índice de referencia, sin necesidad de peritación en el campo.
Por último, en el caso de los eventos de mayor impacto y menor frecuencia, se encuentran los sistemas de emergencia o atención de catástrofes provinciales o nacionales.
Los riesgos climáticos más difíciles de gestionar son las sequías y las inundaciones, cuya complejidad se explica por su carácter sistémico. A diferencia de lo que ocurre con el granizo, que puede tener lugar en un lote puntual sin que el vecino se vea afectado, la sequía tiene mayores probabilidades de producirse de manera generalizada afectando a toda una región.
Los eventos climáticos recientes nos plantean el desafío de trabajar en forma conjunta y complementaria con todos los participantes de la cadena para mejorar nuestro sistema de gestión de riesgos y de esta manera incrementar la sostenibilidad de los participantes del sistema agropecuario.
Esta visión requiere generar información, realizar estudios actuariales, utilizar herramientas de diagnóstico y estrategias de reducción de riesgos que permitan reducir la incertidumbre existente, lo que se traducirá en primas más accesibles. Por otro lado, es necesario generar nuevos instrumentos de cobertura o bien mejorar la eficiencia de los existentes con el fin último de aumentar las hectáreas aseguradas. Finalmente, habrá que optimizar la respuesta y la asignación de los recursos destinados a la emergencia agropecuaria.
Un sistema de gestión integral de riesgos contribuirá, en primer lugar, a lograr que los productores continúen produciendo ante un evento climático extremo. Adicionalmente, ayudará a todos los participantes de la cadena y al Estado a estabilizar los ingresos y, por lo tanto, a reducir el impacto económico y social de estos eventos.
El autor es líder de Economía Aacrea y coordinador del Programa de Gestión Integral de Riesgos Agropecuarios CMA-FCE-UBA
Fuente: La Nación por Miguel Fusco
