La Argentina cuenta con una de las principales reservas mundiales de litio, un elemento clave para la fabricación de baterías. Actualmente existen más de 40 proyectos en diferentes etapas de desarrollo, que generan grandes expectativas en las provincias de Salta, Jujuy y Catamarca. Pero aún quedan muchos debates por resolver, vinculados con el rol exportador o industrial que va a asumir el país, así como con los impactos ambientales y sociales derivados de esta explotación, que podrían generar escasez y contaminación del agua.
La abogada Pía Marchegiani, docente de la Facultad de Derecho de la UBA y directora del área de Política Ambiental en la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), se refirió a estos temas durante una jornada organizada por la cátedra de Economía Agraria de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA). Allí se debatió sobre las disputas económicas, sociales, políticas y culturales en torno del ambiente, la energía y los recursos naturales.
“Los medios de comunicación destacan las oportunidades que se presentan para la Argentina a partir de la extracción y la exportación del litio, así como de la producción de baterías para artículos electrónicos o movilidad eléctrica. Llegaron a referirse a nuestro país como la Arabia Saudita del litio ¿La idea es posicionarnos como exportadores o generar algún tipo de valor agregado mediante la producción de baterías acá?”, se preguntó.
Al respecto, sostuvo que si bien existe un interés en fabricar baterías en el país, sería necesario definir cómo se va a llevar adelante ese objetivo. “En el caso de Bolivia, el Gobierno buscó centralizar en el Estado la posibilidad de hacer baterías de celulares y hoy está en condiciones de avanzar en una etapa piloto. Nuestro país aún parece más abierto a los capitales extranjeros que llegan a extraer el litio”, dijo, y destacó la importancia de contemplar los impactos sociales y ambientales que hoy no están siendo suficientemente evaluados.
Impacto ambiental
Marchegiani recordó que en los salares de la Puna viven ancestralmente distintas comunidades de pueblos originarios dedicados a la agricultura y la ganadería en ecosistemas frágiles donde el agua es escasa. Su principal amenaza es perder ese recurso.
“La llegada de empresas que empiezan a competir por el agua genera una gran preocupación sobre cómo van a seguir con sus modos de vida tradicionales”, dijo. Asimismo, detalló que en la actualidad hay dos proyectos en producción y en extracción en Catamarca y Jujuy, y que existen muchos más por llegar. Según informes del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, en Catamarca, Salta y Jujuy hay al menos 42 proyectos en distintas etapas de ejecución, pertenecientes a capitales de EE. UU., Canadá, Australia, China y Chile, entre otros países.
“Un punto a destacar es que los salares tienen sistemas de agua de salmuera, pero también poseen agua dulce. Lo importante de esta extracción es que no se rompan los equilibrios entre ambos sistemas hídricos, ya que eso podría generar la salinización del agua”.
“En algunos salares se está planeando realizar tres o cuatro proyectos en el mismo lugar, con distintos usos del agua, sin saber cómo funcionan esos ecosistemas. No existe suficiente información de base disponible para evaluar los impactos de los proyectos y, sobre todo, de la combinación que pueda resultar de ellos”, alertó.
Marchegiani también subrayó el hecho de que cada salar posee características particulares y los impactos pueden variar según las condiciones geológicas y climáticas de cada uno. “Es fundamental convocar a la comunidad científica para que analice seriamente estos temas”.
“Las empresas generan la información para los estudios de impacto ambiental, pero sólo en un área de influencia definida por su propio proyecto. No están obligadas a hacer los estudios que contemplen la cuenca hídrica en su totalidad, que es mucho más grande que el área específica asignada al proyecto”, advirtió.
En este sentido, la abogada resaltó que esta información puede no ser imparcial. “El organismo que controla el proceso de evaluación de impacto ambiental no debería ser la misma autoridad que promueve ese desarrollo minero. Esa información debería ser generada por el Estado y estar en su poder”, afirmó.
Discusión social
“Muchas comunidades se oponen a estos proyectos mineros de explotación de litio porque están preocupadas por el agua. Demandan ser consultadas, pero cuesta que las autoridades las reconozcan como actores involucrados, pese a que son los dueños ancestrales del territorio”, dijo Marchegiani.
“Los funcionarios que están a cargo promueven el desarrollo minero y no conocen cómo viven las comunidades. Hay un choque cultural, de entendimientos y de perspectivas que una consulta previa debería poder articular para que el proceso de evaluación no sea una mera formalidad con una lógica estatal, administrativa y burocrática. Además, estos procesos deberían respetar las decisiones de las comunidades que no desean poner en riesgo sus formas de vida y rechazan la extracción en sus territorios”, añadió.
“Como sociedad, tanto en la Argentina y como en toda la región tendríamos que decidir qué queremos en relación al litio. Podríamos mirar los ejemplos que tenemos en el continente. El caso de Bolivia es muy interesante en términos de desarrollo tecnológico, pero habría que analizar qué sucedió en lo social. Chile, posicionado como el principal productor y exportador de carbonato de litio, empezó la explotación hace unos 20 años y ahora, después de tanto tiempo, están revisando los impactos en el ambiente”, finalizó.
