🧪 Fallo judicial reaviva la polémica por el uso de agroquímicos y drones en Entre Ríos: la nueva ley bajo la lupa
Mientras se debate una nueva ley nacional sobre agroquímicos, los criterios para aplicar estos insumos siguen siendo difusos y dependen, en última instancia, de cada provincia o municipio. En ese contexto, Entre Ríos se había posicionado como pionera, con una normativa que incluso contemplaba el uso de drones para fumigar. Sin embargo, una reciente denuncia por intoxicación volvió a poner en jaque la regulación.
Desde enero, rige en la provincia la Ley 11.178, que promueve las “buenas prácticas en materia de fitosanitarios” y establece registros para el uso de drones en aplicaciones. Pero la falta de reglamentación efectiva y una denuncia por contaminación en un campo de Diamante reabrieron el debate y podrían llevar a la declaración de inconstitucionalidad de la norma.
El conflicto se desató tras la denuncia de una familia de Aldea Salto, que presentó estudios médicos que prueban que una niña de 12 años sufrió daño genotóxico crónico por exposición prolongada a agroquímicos. La Justicia concedió un recurso de amparo que prohíbe las aplicaciones terrestres en un radio de 1.000 metros y las aéreas en 3.000 metros alrededor de su vivienda.
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Aunque el uso de drones estaba en vías de ser habilitado, la decisión judicial suspendió su aplicación y declaró inconstitucionales dos artículos de la Ley 11.178, referidos a las zonas de exclusión y amortiguamiento para el uso de fitosanitarios.
La jueza Adriana Acevedo, de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Paraná, argumentó que la norma vulnera derechos fundamentales como el derecho a la salud, a un ambiente sano y a la protección de la infancia, al establecer distancias demasiado reducidas: solo 10 metros para aplicaciones con drones, 100 para terrestres y 200 para aéreas en zonas habitadas.
Pese a esto, fuentes del gobierno entrerriano aseguraron que el conflicto judicial no detendrá la implementación de la ley, ni los avances hacia la regulación del uso de drones. No obstante, el fallo obliga a rediscutir puntos sensibles que ya habían sido debatidos en la Legislatura.
El 7 de noviembre, en los Tribunales de Paraná, se realizó una audiencia de conciliación, y la jueza anunció que se abrirá una etapa de recolección de pruebas e informes técnicos para definir si habrá cambios en las distancias de aplicación contempladas dentro de las buenas prácticas agropecuarias.
En defensa de la norma actuará el fiscal de Estado Martín Rettore Elena, quien sostiene que la ley “ya fue discutida legal y científicamente con todos los actores pertinentes”.
Sin embargo, la diputada nacional Blanca Osuna (UxP) pidió revisar la norma, asegurando que “vulnera derechos constitucionales fundamentales, como el derecho a un ambiente sano y al cuidado de la salud”.
De esta manera, lo que parecía un avance hacia la modernización del uso de agroquímicos con nuevas tecnologías vuelve a transformarse en una batalla judicial y política, con impacto directo en la producción y la salud rural.
