Un productor rural de La Pampa fue impedido de ingresar al campo que alquilaba, y al volver por su hacienda, ya no estaba. Denunció la desaparición de 31 animales tras el vencimiento de un contrato de arrendamiento y la justicia le dio la razón: la Cámara Civil de Roca confirmó una indemnización de más de 36 millones de pesos.
Todo comenzó cuando, tras finalizar el contrato en julio de 2020, el productor continuó explotando las 1.515 hectáreas con el consentimiento tácito de la arrendadora, quien incluso siguió recibiendo pagos. Pero sin previo aviso, la dueña cambió el candado de la tranquera, cedió el campo a otro ocupante y le negó el ingreso.
El productor denunció que no pudo recuperar su hacienda: 23 vacas, 4 terneras y 4 terneros. Registros de Senasa confirmaron que los animales permanecían en el predio meses después y estaban a su nombre. En febrero de 2021, incluso fueron vacunados. Pero más tarde, desaparecieron sin dejar rastro. El organismo cerró el registro y dio de baja al rodeo.
Te puede interesar
- Pronóstico de lluvias hasta el 2 de junio
-
Testimonio de productores desesperados por las inundaciones: “Es como un mar de agua”
- Gobernadores y empresarios del agro le exigen al Gobierno que baje retenciones y dé señales de previsibilidad
- El campo pone el lomo: generó 9 de cada 10 dólares netos que entraron al país en los últimos 5 años
- Récord en ventas de maquinaria agrícola: el mejor abril en cinco años
- Cosecha récord en el radar: Argentina proyecta la segunda mayor producción de granos de su historia
El ganadero inició una demanda por daño emergente, lucro cesante y daño moral. También fue intimado por Senasa al no poder cumplir con obligaciones sanitarias.
La arrendadora intentó culparlo, alegando que debía haber retirado los animales al vencer el contrato. Pero la justicia entendió lo contrario: la conducta arbitraria de la propietaria —que bloqueó el acceso y entregó el campo a otro sin resolver la situación de la hacienda— fue el origen del conflicto.
La Cámara Civil ratificó el fallo de primera instancia: hubo pruebas claras de la existencia, permanencia y posterior desaparición del ganado, además de una actitud negligente por parte de la dueña del establecimiento.
El tribunal también avaló el reclamo por daño moral: no solo perdió capital, sino que quedó impedido de trabajar y afrontó consecuencias por una situación que no generó.
Imagen creada por IA
