Fuerte denuncia de UATRE contra el Gobierno por la intervención en Osprera: hablan de pagos irregulares y abandono de afiliados
La tensión entre la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y el Gobierno sumó un nuevo capítulo. Esta vez, el gremio presentó una denuncia formal por supuestas irregularidades graves en la gestión de la obra social Osprera, actualmente intervenida por el Ejecutivo.
Desde la organización sindical, que conduce José Voytenco, aseguran que la conducción a cargo de Marcelo Petroni –designado por la Casa Rosada en octubre pasado– convirtió a la obra social en “una plataforma de negocios con efectores de salud”, mientras se paraliza la atención médica de miles de afiliados en todo el país.
Una obra social en crisis: pagos cuestionados, tratamientos suspendidos y sueldos millonarios
En un comunicado difundido este lunes, UATRE detalló que entre noviembre de 2024 y enero de 2025 se realizaron pagos por más de 500 millones de pesos a un laboratorio que, según denuncian, no entrega medicamentos a los beneficiarios. A esto se suma la interrupción en tratamientos esenciales, como oncológicos, para VIH o diabetes, debido a deudas impagas con droguerías que sí proveen insumos.
“Mientras se destinan sumas millonarias a prestadores sin contratos ni auditoría, se dejan sin atención a pacientes críticos. Hay personas que han visto agravadas sus enfermedades e incluso casos fatales ya denunciados ante la Justicia”, advierte el sindicato, que menciona puntualmente a dos afiliados fallecidos: José Garavento y Marta Susana Morfil.
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La denuncia también apunta a la incorporación de 79 nuevos empleados administrativos, cuyos sueldos –según indican– sumaron más de 370 millones de pesos solo en enero de este año. “Todo esto sucede mientras miles de trabajadores rurales pierden sus tratamientos y más de 60 causas judiciales se multiplican en ciudades como La Plata, Rosario y Mar del Plata”, agregaron.
Acusaciones contra funcionarios del Gobierno
La presentación judicial no se limita a Petroni. También involucra al ministro de Salud, Mario Lugones, y al superintendente de Servicios de Salud, Gabriel Oriolo. UATRE los acusa de incumplimiento de deberes de funcionario público y administración fraudulenta, por permitir –según el gremio– que las irregularidades se sostuvieran sin ningún tipo de control.
Desde el sindicato remarcan que la intervención, aún vigente, fue dispuesta bajo un proceso judicial “cuestionado desde el inicio” y exigen su revisión inmediata. Además, señalan que se están violando normativas oficiales, como la Resolución 4912/24 y el Decreto 1045/2024, que establecen prioridades para los pagos en salud y exigen auditorías previas al desembolso de fondos.
UATRE pide revertir la intervención y restablecer el sistema de atención
“El sistema de salud de los trabajadores rurales está colapsado”, alerta el gremio, y reclama respuestas urgentes para garantizar la atención médica a sus más de 800.000 afiliados. La denuncia busca frenar lo que describen como “una gestión arbitraria y peligrosa”, que habría desviado recursos, paralizado tratamientos y deteriorado el acceso a la salud de uno de los sectores laborales más vulnerables del país.
