Enojo de CRA por la normativa europea anti deforestación
La normativa 1115 de la Unión Europea surge como una respuesta a la creciente preocupación internacional sobre la deforestación y su impacto en el cambio climático. Esta legislación, que entrará en vigor en 2025, establece que todos los productos importados al bloque europeo deberán ser certificados como libres de deforestación. Con esta medida, la Unión Europea busca reducir su huella ecológica y fomentar prácticas sostenibles en la producción agrícola a nivel global. El objetivo principal es mitigar el impacto ambiental del comercio internacional, especialmente en países donde la producción agrícola está estrechamente ligada a la deforestación.
La motivación detrás de esta normativa radica en la necesidad de proteger los ecosistemas y combatir la pérdida de biodiversidad. La deforestación no solo afecta a la flora y fauna local, sino que también contribuye a emisiones de gases de efecto invernadero, exacerbando el cambio climático. Al exigir una certificación que garantice la ausencia de deforestación en el proceso productivo, la normativa pretende instaurar un cambio en la forma en que los productores y exportadores gestionan sus cadenas de suministro. Esto imposibilita la importación de productos asociados con la conversión de bosques en tierras agrícolas, afectando la manera en que se llevan a cabo las actividades agroindustriales.
En Argentina, los sectores involucrados han tenido reacciones variadas ante esta normativa. Las confederaciones rurales han expresado preocupaciones sobre el impacto que tendrá en la competitividad del sector agroexportador, mientras que algunos actores del ámbito agroindustrial reconocen la necesidad de adaptarse a las nuevas exigencias del mercado internacional. La polarización de opiniones refleja el desafío que enfrenta el país para equilibrar sus intereses económicos con las demandas globales en favor de la sostenibilidad ambiental.
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La postura de la Confederación Rurales Argentinas (CRA)
La Confederación Rurales Argentinas (CRA) ha tomado la notable decisión de desvincularse de la plataforma VISCE, lo que evidencia su firme crítica hacia la normativa europea anti deforestación. Este movimiento ha sido impulsado por su presidente, Carlos Castagnani, quien ha expresado claramente las preocupaciones del sector agroindustrial argentino. Según Castagnani, la normativa de la Unión Europea podría tener repercusiones negativas no solo en la soberanía de los productores argentinos, sino también en la competitividad de sus productos en los mercados internacionales. Su argumento central es que estas regulaciones son una forma de legislar de manera unilateral, ignorando las realidades locales y las prácticas responsables que ya se llevan a cabo en el país.
Castagnani enfatiza que el sector se ha adaptado a los requerimientos de sostenibilidad y que las exigencias impuestas por la normativa europea no solo son desproporcionadas, sino que también amenazan la actividad agroindustrial que sustenta a muchas comunidades en Argentina. La CRA defiende la producción nacional, señalando que sus prácticas no son sólo culturalmente relevantes, sino también esenciales para la economía. La postura de la organización también llama a un debate más amplio en torno a las implicaciones de aceptar reglas impuestas por organismos externos, argumentando que una discusión inclusiva podría llevar a soluciones más justas y adecuadas a las circunstancias locales.
Las posiciones de la CRA son particularmente herméticas en lo referente a la defensa de la producción local, lo cual denota un creciente malestar con las influencias externas que buscan regular un sector estratégico sin considerar su contexto. Al mantenerse firmes en su oposición a la normativa de la UE, los representantes de la CRA están promoviendo un diálogo que involucra a todos los actores del sector agroindustrial, buscando asegurar un futuro sostenible y próspero para la producción argentina.
CRA anuncia su decisión de desvincularse de la plataforma VISEC. Seguiremos impulsando soluciones que fomenten el desarrollo productivo, sin restricciones que comprometan nuestra soberanía y competitividad, como la normativa 1115 de la UE.
— CRA (@CRAprensa) September 11, 2024
Perspectivas del sector agroexportador y la plataforma VISCE
Ante el creciente escrutinio de los estándares de sostenibilidad promovidos por la normativa europea anti deforestación, el sector agroexportador argentino ha desarrollado la plataforma VISCE, que busca cumplir con las exigencias internacionales en la certificación de la cadena de suministro. Esta iniciativa se presenta como una respuesta estratégica que facilitará la viabilidad de las exportaciones argentinas a Europa, un mercado que cada vez prioriza más aquellos productos con garantía de sostenibilidad.
La plataforma VISCE se ha diseñado con el fin de certificar el origen de los productos agropecuarios, incluido un enfoque metódico en aspectos como la trazabilidad, la reducción de emisiones de carbono y el respeto por los derechos laborales. Productos emblemáticos de Argentina, como la soja y la carne, se beneficiarían en gran medida de esta certificación, al tiempo que se alinean con las expectativas del mercado europeo. Sin embargo, este compromiso con la sostenibilidad viene acompañado de un desafío significativo.
Gustavo Idígoras, presidente de CIARA-CEC, ha expresado sus preocupaciones acerca de las exigencias impuestas por la normativa europea. Considera que algunas de estas demandas son desmesuradas y podrían obstaculizar la competitividad de los agroexportadores argentinos. A pesar de que la plataforma VISCE tiene el potencial de abrir nuevas oportunidades en términos de exportación, las condiciones establecidas por Europa pueden resultar restrictivas y generar fricciones en el acceso del sector agroindustrial argentino a los mercados internacionales.
Con la implementación de la plataforma VISCE, el sector agroexportador se enfrenta a un panorama dual: por un lado, el beneficio de alinearse con estándares globales y mejorar su imagen, y por otro, los retos de cumplir con regulaciones cada vez más exigentes. Este contexto pone de manifiesto la necesidad de encontrar un equilibrio entre el cumplimiento normativo y la sostenibilidad económica de la agroindustria argentina.
El Presidente de CIARA CEC, Gustavo Idígoras participó de una reunión con autoridades de Países Bajos y la Comisión Europea. Agradecemos a la Embajada Argentina en La Haya @ArgentinaEnPB por ser amable anfitriona del encuentro. pic.twitter.com/MDgv9Zc2X8
— Cámara de la Industria Aceitera Argentina (CIARA) (@CamaraAceites) September 11, 2024
Implicaciones futuras y el debate sobre desarrollo sostenible
La implementación de la normativa europea anti deforestación representa un gran desafío para diversos sectores, especialmente el agroindustrial argentino. A medida que se avanza en las negociaciones con la Unión Europea, se pueden anticipar varias implicaciones que impactarán tanto la economía como la política agrícola del país. En primer lugar, el gobierno nacional enfrenta la tarea de adecuar sus políticas para cumplir con las exigencias de sostenibilidad planteadas por esta normativa. Este proceso incluye la posible revisión de procedimientos actuales en la producción agropecuaria, promoviendo prácticas que reduzcan el impacto ambiental y fomenten una producción más sostenible.
El sector agropecuario, por su parte, debe adaptarse para seguir siendo competitivo en un mercado cada vez más regulado. Las empresas deberán invertir en tecnologías y procesos que aseguren el cumplimiento de las normativas europeas, lo cual puede representar un coste significativo. No obstante, esta meticulosa adaptación a veces se percibe como una carga, especialmente para los pequeños productores que pueden carecer de los recursos necesarios para implementar cambios drásticos en sus prácticas. La falta de un apoyo adecuado podría disparar desigualdades dentro de la comunidad agrícola, afectando su competitividad.
Asimismo, es preciso considerar el diálogo entre el sector agroindustrial y las organizaciones rurales. La cooperación y la búsqueda de un consenso son fundamentales para asegurar tanto el desarrollo económico como la preservación ambiental. La necesidad de equilibrar la producción agropecuaria con las exigencias de sostenibilidad genera un debate intenso sobre cómo se pueden aprovechar los recursos de manera responsable, manteniendo al mismo tiempo la viabilidad del desarrollo económico. Esta tensión entre las expectativas económicas y las demandas ambientales subraya la importancia de un enfoque holístico en la política agrícola del país.
