La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) emitieron un comunicado donde expresaron su “profunda preocupación” ante lo que consideran una nueva intromisión política del Gobierno en la causa Vicentin.
La comunicación se da luego que el juez Fabián Lorenzini rechazará el plan de pagos propuesto por la agroexportadora concursada desde 2019 y, desde la Casa Rosada, volvieran a agitar la posibilidad de intervenir en la que fue la mayor agroexportadora de capitales nacionales con sede en Avellaneda (Santa Fe).
Sucede que el propio presidente de la Nación, Alberto Fernández, celebró la decisión de Lorenzini a través de la red social X (ex Twitter) al decir que que “el Banco Nación, como acreedor privilegiado, velará en la etapa que se inicia para que se cumplan los objetivos que siempre nos guiaron: hacer que Vicentin siga siendo una gran empresa argentina”.
Finalmente, el juez que interviene en el concurso de Vicentin, dispuso rechazar la propuesta de los accionistas y ordenar la apertura del período de concurrencia (art. 48 LCQ).
— Alberto Fernández (@alferdez) September 15, 2023
Mecanismo. Al rechazar el acuerdo con los acreedores presentado por Vicentin, que estaba atado a la venta de sus activos a las agroexportadoras Bunge, Viterra y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), el juez habilitó el “cram down”, un mecanismo en el que el Banco Nación podría ingresar accionariamente a la compañía, al igual que otros acreedores.
En 2020, el Gobierno intentó de manera directa una intervención en Vicentin, de la que luego desistió, ante la resistencia de los sectores productivos e incluso de ciudadanos urbanos, quienes salieron a las calles en numerosas localidaes del país para oponerse a esta posibilidad.
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En concreto, lo que temen los agroexportadores nucleados en CIARA-CEC es que estas expresiones de autoridades políticas deriven en algún tipo de presión del Estado para alcanzar algún favoritismo para quedarse con la empresa.
Igualdad ante la ley. En tal sentido, el comunicado de CIARA-CEC señala: “Si el Estado Nacional continúa con su decisión de constituir una empresa estatal agroindustrial exportadora, ésta debería desempeñarse bajo las mismas condiciones de igualdad ante la ley y las reglas del mercado. Cualquier tratamiento diferencial en materia financiera, impositiva o de otra naturaleza generará graves consecuencias económicas y sociales en este sector industrial”, advirtió la cámara empresaria que nuclea a los agroexportadores de granos.
Y agregó: “Por lo tanto, se ruega a las autoridades nacionales y provinciales que eviten politizar las decisiones judiciales que no están en firme y que se abstengan de emitir mensajes que pueden ser interpretados como riesgo laboral para las familias de la industria aceitera nacional”.
¿Crisis social? Al respecto, la mayor preocupación de CIARA-CEC es que, si la resolución del concurso preventivo de acreedores de Vicentin se sigue demorando, la empresa no pueda pagar sueldos y tal situación derive en un conflicto social, con el riesgo de que provoque medidas de fuerza gremiales que afecten a todas las agroexportadoras.
“Se considera que las recientes medidas judiciales pueden tener consecuencias en la estabilidad laboral y eso deteriorar las condiciones de funcionamiento de toda la industria, en un momento de debilidad macroeconómica, fuerte caída de la industrialización y exportación por la sequía y tensiones sociales de público conocimiento”, advirtió CIARA-CEC.
