El Estado se queda con 80 de cada 100 pesos del que produce granos en la Argentina

La Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina FADA difundió su índice de marzo, el cual surge que en el mes que termina, el Estado se quedó con el 79% de la renta que generó, en promedio, un productor agrícola de soja, maíz, girasol o trigo.

La fuerte caída en la producción, debido a la intensa sequía que se registró en Argentina

generó que la participación del Estado a través de los impuestos aumente. Esto se da porque el impuesto con mayor peso son los derechos de exportación (retenciones) que, al actuar sobre el precio bruto, no reconoce caídas en la rentabilidad. Así, a medida que empeora la sequía, aumenta la participación de los impuestos sobre la renta.

David Miazzo, Economista jefe de FADA, explicó que “el impacto que tiene la sequía, reduciendo el impuesto a las ganancias, genera que los impuestos no coparticipables crezcan, hasta llevarse 3 de cada 4 pesos que aportará en impuestos la producción agrícola este año, un récord, al menos desde que FADA lo mide”, destacó.

El índice FADA de marzo es 14,3% más alto que el de marzo de 2022, traccionado por los menores rindes, como consecuencia de la sequía y de las heladas que afectaron a los cultivos, y también los menores precios internacionales registrados este año, respecto de los de comienzos de 2022, que estuvieron impulsados por el comienzo de la guerra entre Rusia y Ucrania.

Casi todo. Mientras que el promedio ponderado de la participación del Estado en la carga impositiva de los cultivos, a nivel nacional, es de 79,1%, en soja, es del 94,1%; en maíz, 62,4%; en trigo, 78,7% y en girasol, 58,3%. En estos porcentajes se destaca la situación de la oleaginosa, donde los impuestos se llevarán casi la totalidad de la escueta renta que generará el cultivo esta campaña, dominada por la sequía.

Miazzo explicó que para realizar ese cálculo “consideramos que la renta es el valor de la producción menos todos los costos que enfrenta. Esa renta se distribuye entre los impuestos, el resultado de la producción y la renta de la tierra. Si lo aplicamos a alguien que alquila la tierra, o sea, que le representa un costo, en un año donde la producción genera pérdidas el Estado se lleva más del 100% de la renta”, agrega el economista.

Del total recaudado por hectárea en promedio, el 76,4% son impuestos nacionales no coparticipables, es decir, que quedan en el Estado Nacional, mientras que 16,3% son coparticipables, en los que una porción regresa a las provincias que lo produjeron, 6,2% son tributos provinciales y 1,1%, municipales.

 


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Poco federalismo. Al respecto, Nicolle Pisani Claro, economista de FADA, señaló que “en momentos como éste resaltan dos grandes problemas del sistema impositivo. Por un lado, el federalismo fiscal, ya que con una caída tan profunda de los rindes desaparece un impuesto coparticipable como el impuesto a las ganancias y persisten impuestos que no se coparticipan, como los derechos de exportación (retenciones) y el impuesto a los créditos y débitos bancarios (al cheque). Por otro lado, está el problema de no contar con una cuenta tributaria única y que los saldos de los distintos impuestos queden estancos y retenidos en AFIP, generando un costo para los productores”, agregó.

Desde FADA se refieren a los saldos técnicos de IVA que, en tiempos de quebrantos generalizados, acumularán las empresas agropecuarias por montos millonarios de saldos técnicos de IVA en la AFIP, en un año en que muchas de ellas no podrán ni siquiera hacer frente a sus deudas.

El Índice FADA analiza los costos involucrados en una hectárea de maíz, para tomar como ejemplo. En el cálculo se toma desde el valor FOB al resultado después de todos los impuestos. Por ello, se consideran los costos de exportación (“fobbing”), comercialización, transporte, seguros, administración y producción.

Costos. Al analizar los costos se destacan 2 aspectos. El primero, los gastos de “fobbing”, que representan entre el 7%y el 8% de todos los costos involucrados en una hectárea de maíz. El segundo punto, son los fletes, donde se ve claramente cómo se incrementa la

participación del Estado a medida que la producción se realiza en las provincias. En el caso del maíz, explican desde FADA, el flete representa el 18% de los costos, en Buenos Aires; en Córdoba, el 21%; en San Luis, el 22%; en La Pampa, el 19% y en Entre Ríos el 16%. En Santa Fe, como el grueso de la producción se encuentra relativamente cerca de los puertos, representa el 13%.

Respecto de los costos de insumos, medido en dólares, se comenzaron a registrar descensos importantes luego de las subas de 2021 y 2022. En urea, se ve una baja interanual del 56%, aunque aún es un 20% más caro que hace 3 años. El fosfato diamónico tuvo un descenso interanual del 28%, aunque todavía cuesta un 60% más que hace 3 años. El glifosato, que también había sido uno de los insumos que más subió, muestra una caída interanual cercana del 40%, pero aún vale 60% más que hace 3 años. Estas bajas de los insumos ayudan a descomprimir los costos y, por lo tanto, el incremento del índice de participación del Estado en la renta agrícola, explicaron desde FADA.

Tipo de cambio. En los últimos dos años y medio hubo una mejora sustancial de precios internacionales, primero impulsada por la política monetaria de Estados Unidos y los principales bancos centrales del mundo, y luego por la guerra Rusia-Ucrania, con mayor impacto en el trigo y el girasol. Sin embargo, así como hubo una mejora de los precios internacionales, se dio una baja abrupta del tipo de cambio oficial real, lo que afecta de manera negativa la competitividad cambiaria de la producción agrícola. De hecho, a raíz de este atraso es que fueron necesarias las dos ediciones del ‘dólar soja’ para impulsar las ventas de la oleaginosa.

En términos de tipo de cambio real, descontando los efectos de la inflación, en el último año, el dólar cayó un 7%. Medido a precios de marzo de 2023, el tipo de cambio de marzo de 2022 era el equivalente actual de $222, y el de marzo de 2021, era el equivalente actual de $281.

“De acuerdo a lo que se ve, desde septiembre, se espera que se frene el atraso del tipo de

cambio oficial, aunque el año electoral puede jugar en contra de esta política. Pero también han comenzado a desinflarse los precios internacionales, a medida que menguan los efectos de la guerra en el mercado de granos y los bancos centrales suben las tasas”, señalaron desde FADA.

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