Usurpadores cosechan trigo en un campo de una empresa vinculada al Pro

Sucedió de un establecimiento ubicado en Santiago del Estero, propiedad de la familia Masoni, que le presta oficinas al ex presidente Mauricio Macri y apoya la campaña de presidencial de Patricia Bullrich. Tras ver máquinas desconocidas en su campo, dispuestas a trillar su trigo, denunciaron el hecho en una comisaría. Por el hecho, ayer a la madrugada, Gendarmería detuvo a 2 activistas del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase) y a un camionero

Quien les dio la mala noticia a los Masoni fue un capataz de la empresa, Ariel Cingolani, el martes pasado. Les contó que esa tarde, alrededor de las 16.30, otros empleados le habían avisado que un grupo de usurpadores acababa de entrar en el lote 2 del campo El Puma Este, en el Departamento de General Taboada, Santiago del Estero, con la intención de trillar el trigo de la familia. Al enterarse, Cingolani fue al establecimiento y constató todo.

Vio una cosechadora desconocida, una tolva autodescargable verde, un taller rodante amarillo, un tractor Zanello, una camioneta Toyota Hilux blanca y una casilla rodante gris, y gente extraña. Escuchó, además, testimonios de proveedores habituales que no habían podido entrar al campo porque los intrusos, dijeron, los estaban amenazando con prenderles fuego las máquinas si no se iban. Cingolani denunció entonces horas después, en la comisaría 48 de la localidad de Los Juríes, que le estaban robando la cosecha.

Nada nuevo. A los Masoni, una familia con inversiones agropecuarias en más de 160.000 ha en Santiago del Estero y dueños de empresas del rubro inmobiliario como Compañía Inversora Libertador (Cilsa) y Los Mimbres, no los sorprendió demasiado el hecho. Hace tiempo afirman tener usurpadas en la provincia unas 4.000 ha.

Responsabilizan por ello al Mocase, una organización fundada en 1990 e hiper politizada, que lucha -entre otros objetivos- por la reforma agraria y que, en los últimos años, respaldó públicamente campañas del gobernador Gerardo Zamora y se acercó al kirchnerismo.

Las ocupaciones tienen al menos 30 años y provocan acusaciones encontradas. En 2012, luego de años de tensión, los Masoni denunciaron por amenazas, lesiones, abuso de armas, tentativa de homicidio, privación Ilegítima de la libertad, robo y usurpación a la abogada Leticia Mabel Bravo, quien representaba entonces a varios de los productores y que, a su vez, un año después, se presentó en la Justicia contra la empresa.

Las causas no avanzaron demasiado hasta el año pasado, cuando, meses después de la muerte de Bravo, su exsocio Carlos Wayemberg, se sumó como denunciante y obtuvo una respuesta favorable del juez Darío Alarcón, un magistrado de buena relación con Zamora.


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¿Asociación ilícita? Weyemberg dice que esos campos no pertenecen a la familia Masoni, a la que acusa de haber constituido una asociación ilícita para quedárselos. Para explicarlo se remonta a los tiempos del primer peronismo. Argumenta que, en 1947, Perón expropió los ferrocarriles y esas tierras, que pasaron a pertenecer al Estado nacional, fueron adquiridas por José Masoni, padre de los actuales empresarios, gracias a las artes del “lobbying” que le daba su condición de representante de compañías británicas. Por lo tanto, agrega, “son títulos fraudulentos”.

Aunque el conflicto es antiguo, se reactivó últimamente con más violencia. Los Masoni lo atribuyen al acercamiento que ellos tuvieron al Pro: desde hace un tiempo le prestan oficinas a Mauricio Macri, en Olivos, empezaron a apuntalar la campaña de Patricia Bullrich y contrataron como abogado a Rodrigo Posse, actual líder santiagueño del Pro.

En ese contexto, interpretan el episodio de la usurpación de la cosecha de trigo, en un lote 950 ha, y la respuesta que les dieron en la comisaría, no bien hicieron la denuncia a la que tuvo acceso el diario La Nación.

Zona liberada. Según les dijo el personal policial, horas antes del ingreso en el predio, los usurpadores habían pasado por ahí y anticipado los pasos que darían: entrarían, trillarían el trigo y se llevarían el 18% de la producción “para gastos” hasta que la Justicia determinara a quién le pertenece.

Por eso la empresa de los Masoni sospecha de connivencia entre los usurpadores, la Justicia y el gobierno de Santiago del Estero. En 2015, durante la gestión de Claudia Ledesma Abdala, casada con Zamora y actual presidenta provisional del Senado, hubo un intento de cerrar la disputa con un acuerdo que actualmente no se cumple. Lo habían firmado la provincia, el Mocase y los Masoni e incluyó donaciones de tierras de la compañía a campesinos que reclamaban. No sirvió de nada.

Los abogados de la familia le piden ahora a la nueva jueza de la causa que interceda en la disputa, que no sólo crece, sino que involucra también a los contratistas históricos de la zona.

El martes, simultáneamente con las noticias que le estaba dando su capataz, Guillermo Masoni, máximo ejecutivo de la compañía, recibió en su teléfono un audio de WhatsApp de un proveedor que confirmaba todo: “Guille, perdoname que te moleste, pero te quería avisar que hay un grupo de delincuentes que te está robando el trigo. Hay una máquina que está cosechando de noche. Todos dependemos de ese trabajo”.

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