Mientras el ministro de Economía, Sergio Massa, hizo trascender que puede abrir la importación de indumentaria si el sector textil no modera sus aumentos de precios, las industrias automotriz y autopartista reclaman por la urgente tramitación de permisos con el nuevo Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) -incluso, con la mercadería ya en la Aduana- y cada sector busca tipos de cambio diferenciales y algún acceso privilegiado a las divisas, ante la escases estructural del dólar que vive el país.
El SIRA debutó el pasado lunes en reemplazo de los permisos SIMI. Según la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), casi 2.800 importadores iniciaron trámites ese día “con normalidad”. Pero los empresarios ya marcaron los primeros problemas. Mientras la Unión Industrial Argentina (UIA) monitorea, 3 automotrices estaban en vilo y podían frenar la producción en breve, si no se les destrababan los permisos, según fuentes del sector citadas por el diario El Cronista.
“Just in time”. Justo a tiempo, tal la traducción de esta expresión en inglés, es como opera la industria automotriz. Es decir, no estoquea insumos, sino que los importa para utilizarlos ni bien ingresan a las plantas. Las autopartistas nacionales trabajan igual. Las importaciones son diarias y hasta pueden pedir envíos por avión para que lleguen en 48 horas. Las mismas fuentes indicaron que la demora en aprobar los nuevos permisos SIRA hace que haya camiones listos para descargar, pero con mercadería que no puede usarse.
“De a poco, el sistema se va tratando de acomodar. La prioridad es no tener que parar las plantas por demoras en las aprobaciones. El Gobierno está ayudando con eso”, dijeron en una terminal automotriz, tratando de descomprimir la tensión con el Gobierno.
Las charlas con el secretario de Comercio, Matías Tombolini y el subsecretario del área, Germán Cervantes, para ajustar el SIRA son permanentes y los empresarios prefieren evitar “ruidos” en la relación con las autoridades.
Cruce lento. El nuevo SIRA hace un control más exhaustivo de la importación. Comercio Interior cruza información de AFIP, la Aduana y el Banco Central antes de dar una fecha cierta de acceso a las divisas, en plazos que rondan los 60 días para las pymes y 120 días para las grandes empresas.
Según fuentes del Gobierno citadas por el mismo medio, el sistema fue una respuesta de urgencia ante el “festival de cautelares” con el que los importadores intentaron sortear las restricciones a las divisas y otro festival, el de SIMIs, que obedeció a la descoordinación de la propia administración nacional.
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Se estima que quedan por pagar SIMIs por u$s15.000 M. Son autorizaciones de importaciones atribuidas a la gestión del exsecretario de Industria Ariel Schale, durante la gestión del ex ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.
Sucede que el nuevo sistema trae también nuevos problemas. Los controles cruzados hacen que no haya autorizaciones automáticas. “Se pide mucha información, hay mucha desconfianza en lo que se presenta y es difícil, para el Gobierno, procesar quién pide de más para cubrirse y quién no”, indicaron en un sector industrial afectado.
Las pymes dicen que no se permiten pagos al contado, salvo para energía y medicamentos. Los dólares llegarán en plazo cierto, pero el proveedor externo suele exigir pagos por adelantado, en todo o en parte, que las empresas deben financiar por su cuenta. Las pymes no pueden hacerlo y las grandes empresas, no quieren.
Casos concretos. Para el Gobierno el objetivo es cuidar los dólares para evitar que se detenga la producción. Pero las distintas resoluciones cruzadas provocan situaciones inequitativas, de las cuales pueden mencionarse 2 ejemplos.
Un caso es la de una “fintech” cordobesa que tiene que pagar servicios importados, imprescindibles para su actividad y para regionalizarse, y ahora lo hace a “dólar Qatar” a $320. “El Banco Central nos permite importar 5% más que el año pasado y nosotros crecemos 200%” contaron los socios de la empresa, que terminaron recurriendo a tarjetas de crédito corporativas y personales, para pagar el saldo, muy superior a los u$s300 mensuales.
Otro es del sector minero, que se queja por haber quedado afuera de cualquier flexibilización para importar y por la obligación de tener que financiarse a 180 días, a pesar de generar empleo y de mostrar una balanza comercial superavitaria.
