¿Qué implicaría el proyecto de Compensación a la Innovación Tecnológica?

Analizamos el proyecto de “Compensación a la Innovación Tecnológica en Especies Protegidas” y su impacto económico y al productor.

 

Créditos: BCR – Por: Javier Treboux – Patricia Bergero – Julio Calzada

¿Qué implicaría el proyecto de Compensación a la Innovación Tecnológica?

El proyecto de “Compensación a la Innovación Tecnológica en Especies Protegidas” tiene como principal objetivo explícito el “promover una eficiente actividad de producción y comercialización de semillas, asegurar a los productores agrarios la identidad y calidad de la simiente que adquieren y proteger la propiedad de las creaciones fitogenéticas.”

La normativa se aplicaría a “todos aquellos productores agrícolas que utilicen semilla de propia producción y comercialicen el producto obtenido”. El universo alcanzado por esta medida serán las especies protegidas inscriptas en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares (RNPC) determinadas por el Instituto Nacional de Semillas (INASE) de acuerdo con el SISA. El proyecto estaría enfocado principalmente a gravar la utilización de especies autógamas, en particular soja y trigo, en los cultivos extensivos.

Los alcanzados por la normativa serían todos los productores agrícolas que utilicen semilla de propia producción y comercialicen su producto, con excepción de los agricultores inscriptos en el Registro Nacional de Organizaciones de la Agricultura Familiar (RENAF) y productores que utilicen variedades de uso público.

Los principales beneficiarios de esta imposición serían los obtentores de variedades vegetales registradas en el RNPC, los titulares de tecnología incorporada a esas variedades, junto con las personas o programas que realicen investigación y desarrollo de variedades vegetales.

La “compensación” se fijaría en el equivalente al 1,5% del valor por tonelada del grano al momento de la comercialización. El responsable del primer punto de entrega del producto del cultivo comercializado –acopio, industria o terminal portuaria– sería quien deba retener al productor el 1,5% del valor de la mercadería en este esquema. En operaciones con precio a fijar, la imposición se aplicaría al momento de la fijación y pago de la mercadería. Si el productor hubiese comprado semilla fiscalizada para su producción, el mismo obtendría el reintegro de la totalidad de la compensación abonada, asimismo si utilizara una variedad de uso público.

Los recursos retenidos por esta nueva normativa se repartirían de la siguiente forma: el 88% estaría dirigido a Obtentores de variedades vegetales registradas en RNPC y Titulares de la tecnología incorporada a variedades vegetales con propiedad, en partes iguales (50% y 50%). El 10% del total estaría destinado a Programas de I+D en dichas especies, que sería administrado por el MINCyT, incluyendo al INTA dentro de los beneficiarios. El 2% restante sería dirigido al INASE.

¿Cuál sería el impacto económico de la medida para el sector productor?

Aunque restan conocer detalles sobre cómo se instrumentaría la medida, podemos realizar un cálculo tentativo del impacto recaudatorio que podría tener, de aplicarse sobre las cosechas de soja y trigo de las campañas 2022/23.

Las últimas estimaciones de la golpeada campaña triguera 2022/23 nos hablan de una producción que alcanzaría los 17,7 millones de toneladas en nuestro país, según los datos de GEA – Guía Estratégica para el Agro. Por otro lado, si bien es pronto para hacer estimaciones certeras, se observaría para la próxima campaña un incremento en el área destinada a soja a nivel nacional, producto del efecto de cuestiones climáticas, de costos, de disponibilidad de insumos, entre otras cuestiones, sobre la intención de siembra de los cereales. Haciendo una estimación cautelosa de un crecimiento en torno a 5% del área sembrada, lo que supondría 17 millones de hectáreas, y aplicando rendimientos tendenciales, podemos estimar (a priori), una producción en torno a 47,3 millones de toneladas de soja para 2022/23. Por supuesto, este cálculo no tiene más fin que el de intentar estimar el impacto de la medida.

Aplicando una distribución promedio de la comercialización de la producción de los últimos años y utilizando precios del mercado a término a la fecha, podríamos valuar la cosecha de soja 2022/23 en torno a US$ 16.532 millones de dólares (esto sería el valor de la cosecha FAS), mientras que la producción de trigo 2022/23 alcanzaría un valor cercano a US$ 4.872 millones de dólares.


Lee también


Aplicando el 1,5% sobre el total de valorización de la cosecha, obtenemos una masa monetaria a recaudar de US$ 321,1 millones de dólares en estos dos cultivos. Aun así, parte de esta retención sería devuelta a los productores que hubieren realizado pagos en compras de semillas fiscalizadas. Según voces autorizadas del sector, en la última campaña, la participación de las semillas fiscalizadas sobre el total de utilización de semillas fue del 18% para la soja y algo mayor, del 22%, para el trigo. Así, calculamos que se devolverían US$ 60,7 millones de dólares retenidos. Con esto, estimamos un impacto en transferencia de recursos de US$ 260,3 millones de dólares para la campaña 2022/23.

De establecerse el sistema de reparto como originalmente pensado, los obtentores y titulares de la tecnología recibirían US$ 229,1 millones de dólares, mientras que US$ 26 millones de dólares se dirigirían a Programas de Investigación y Desarrollo (I+D), y US$ 5,2 estarían direccionados a INASE.

¿Qué significaría esto en el margen de los productores?

Al gravar los ingresos brutos en la venta de los productores, el efecto sobre el margen final se hace considerablemente oneroso. Según nuestra estimación de costos, a precios actuales de grano e insumos para la campaña 2022/23, un productor de zona núcleo obtendría, sin contar los costos de compra de semillas (se supone uso propio de semillas), un margen neto en campo alquilado en torno a US$ 73 por hectárea por siembra de soja de primera. A su vez, para el trigo, un productor en zona núcleo obtendría un resultado en la campaña 2022/23 en torno a US$ 37 por hectárea. Por último, suponiendo un plan de siembra de trigo y soja de segunda, el margen neto en campo alquilado alcanzaría a US$ 92 por hectárea, según nuestros cálculos a costos actuales.

Así, el impacto de la medida, para el productor que utilizase semillas propias y no pudiera recuperar el peso de la exacción al momento de la venta, sería de un 30% del margen neto para el productor en campo alquilado que produce soja de primera, un 41% para el productor de trigo 2022/23 y un 33% para la producción conjunta trigo + soja de segunda.

Fuente:  BCR – Por: Javier Treboux – Patricia Bergero – Julio Calzada

MÁS INFO PARA TU CAMPO ENTRÁ AQUÍ