“Ruta del dinero K”: un juez de la Cámara Federal pidió avanzar rápido contra CFK y considerar sus otras causas

Sucede luego que la defensa de la vicepresidente desistiera de un recurso de apelación para ser sobreseída, presentada ante ese tribunal de alzada.

Con una investigación que se abrió desde 2013 y en la que luego de varios “tironeos” Cristina Fernández fue llamada a indagatoria, en 2018, la causa de la “ruta del dinero K”, por la que fue condenado Lázaro Báez, es la única que tiene abierta CFK en las que no está procesada y tiene falta de mérito.

Como el juez de instrucción, Sebastián Casanello, en sintonía con el fiscal Guillermo Marijuan, rechazó un pedido de sobreseimiento hasta que finalicen las pruebas en marcha, la defensa de la ex presidente se presentó a la Cámara Federal, para solicitar lo que le negaba el juzgado de primera instancia.

“Designio criminal”. Sucede que, en una decisión inédita y tras distintas versiones sobre cómo podrían votar los magistrados, inesperadamente, la defensa decidió no apelar. Por tal motivo la Cámara Federal devolvió el expediente al juez Casanello. Pero en su resolución, el juez de la Cámara Federal, Mariano Llorens, pidió avanzar rápido en la investigación contra Cristina Kirchner. Y, además, hacerlo con una mirada “conglobada” de esa causa penal con las otras causas que afronta CFK, en ese fuero, frente a la hipótesis de la Cámara que existe un “único designio criminal”.

Así surge de la resolución firmada por los jueces de la Cámara Federal en los tribunales de Comodoro Py 2002, según informó el medio Infobae. Sus integrantes, Eduardo Farah y Mariano Llorens, tenían visiones encontradas sobre qué hacer con el pedido de sobreseimiento. Por eso, tuvieron que convocar a un tercer juez, Pablo Bertuzzi, para desempatar.

Con el fallo aún sin firmar, trascendió el contenido de las opiniones de Farah y Llorens, pero Bertuzzi no llegó a pronunciarse. Es que ese fallo quedó abstracto por la decisión del abogado Carlos Beraldi, defensor de Cristina, de desistir de la apelación. Así, dejó sin modificaciones la falta de mérito que la ex jefa de Estado recibió en esta investigación: es decir, sin pruebas suficientes para procesarla o para sobreseerla.

Frente a ello, en el fallo firmado este martes, el juez Farah dijo que “en esta instancia, la única parte apelante (la defensa de CFK) desistió del recurso interpuesto contra la decisión que no hizo lugar al pedido de sobreseimiento de la nombrada. Entonces, por imperio legal, cabe tomar nota de esa disposición del litigante y tener por desistido el remedio”.

Por su parte, Llorens agregó: “Vuelve este legajo a mi conocimiento luego de que el Dr. Beraldi, a cargo de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner, desistiera de la apelación interpuesta contra la decisión del juez de la instrucción, de no hacer lugar a los pedidos de cese de producción de prueba dispuesta y sobreseimiento de su asistida. En estas condiciones, el legajo debe volver a la primera instancia para que siga su trámite, conforme lo resolviera el juez a cargo de la investigación y según el impulso que sostuviera el representante del Ministerio Público Fiscal, respecto de la vigencia de la acción penal pública, conforme a la imputación que se le formulara a la imputada”.


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“De manera conglobada”. Tras lo cual el juez Llorens sostuvo en el expediente: “Sin perjuicio de ello y tal como lo sostuve en los precedentes: CPF 3017/1/324/CA86, caratulado “De Marco, Antonio s/ falta de acción” y CFP 3017/13/325/CA88, Damiani Sobrero, Juan P. s/ excepción de falta de acción”, criterios que fueran reiterados unánimemente por este Tribunal en esta misma causa y conforme a las prescripciones contenidas en el art. 207 CPPN, entiendo que corresponde -de manera urgente- que el juez reasuma la instrucción -en este aletargado proceso- para resolver la situación procesal de Cristina Fernández de Kirchner en lo inmediato, oportunidad en la que deberá analizar la prueba contenida en la presente, la sugerida por el Ministerio Público Fiscal -de resultar pertinente- como así también toda aquella agregada en los expedientes vinculados de manera conglobada recordando que se tratan de distintos tramos de conducta asociado a un único designio criminal, como ya fuera expresado reiteradamente en los precedentes citados”.

Y volvió a enfatizar en la necesidad de imprimir velocidad al proceso, “a fin de materializar el derecho de defensa que tiene la imputada, que su situación sea resuelta en el más breve plazo previsto por la ley y de esa manera resguardar la garantía del debido proceso objetivo que regula el art. 207 del ordenamiento ritual en vigencia”.

Aunque no lo precisó, el camarista Llorens busca que CFK, en la causa de la “ruta del dinero k” sea evaluada a la luz del avance de otras investigaciones penales. Allí aparece el caso de Vialidad, actualmente cursando juicio oral por presuntas irregularidades en las obras concedidas a Lázaro Báez, en Santa Cruz, entre 2003 y 2015, y en etapa de alegatos.

Y también se incluyen dentro de la mirada “conglobada” las causas Hotesur y Los Sauces, donde se investigan supuestos “retornos” de empresarios vinculados con la entonces familia presidencial, quienes alquilaban sus propiedades.

El Tribunal Oral Federal 5 dictó, en una decisión dividida, sobreseimientos en la causa Hotesur y Los Sauces, donde también están implicados los hijos de CFK, Máximo y Florencia Kirchner, cuando ya estaba en marcha el juicio oral. Esa resolución fue apelada por la fiscalía y la Cámara Federal de Casación Penal deberá resolver si se avanza o no con ese expediente.

Única imputada. Cristina Kirchner es hoy la única imputada en la causa “la ruta del dinero K” en la que el juez Casanello deberá ahora completar la instrucción. En su apelación, en donde buscaba revertir su falta de mérito para convertirla en un sobreseimiento, la ex presidente aseguró que la persecución penal en su contra seguía en Comodoro Py.

Mientras tanto, Lázaro Báez, sus hijos, Leonardo Fariña y otras 15 personas fueron condenados, en febrero del 2021, por el Tribunal Oral Federal 4 por haber lavado US$55 M de dólares, que provenían de la obra pública que se le adjudicó al empresario santacruceño durante los 12 años de kirchnerismo. Esa sentencia está siendo revisada por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal.

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