Mientras en el agro crece el rechazo a la iniciativa del ministro de Economía, Martín Guzmán, de impulsar un proyecto para redistribuir “la renta inesperada”, más allá de las declaraciones, el malestar se hace visible también con números que buscan refutar al funcionario.
Según un informe de la consultora AZ Group, en los últimos 2 años, que coinciden con el gobierno de Alberto Fernández, fue el Estado el que más logro mejorar sus ingresos. “Impuso derechos de exportación del 33% a una soja de 200-250 dólares por tonelada antes de la campaña 2020/21, que hoy está en US$400-450 por tonelada”, precisó el trabajo, lo cual potenció la recaudación, al punto que el ingreso por derechos de exportación subirá un 25% en 2022.
Matías Amorosi, analista de mercados de la consultora, mencionó que “en términos generales” los últimos ciclos agrícolas fueron buenos para los productores que no afrontaron problemas climáticos, “con rentabilidades algo mayores a las de los últimos cinco años”.
Sin embargo, recalcó que “claramente, el socio estratégico Estado se llevó la mejor parte y hoy no puede venir a plantear ningún aumento de retenciones u otro mecanismo recaudatorio, porque los productores alcanzan un margen neto algo mayor que los últimos años. Cuanto mejor precio alcanza la soja, el maíz o el trigo, mayor recaudación percibe. El ingreso mensual de divisas fue muy alto en 2021 y es extraordinario en lo que va de 2022″, señaló.
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Más allá de los precios actuales de los granos, los analistas consideran que se ingresará a una campaña con mayor riesgo por la suba de los costos, que van desde los insumos hasta el gasto en alquileres de la tierra. “Las ganancias que se puedan obtener del ciclo 2021/22, en gran medida, deberán usarse para pagar arrendamientos más caros, entre 5% y 10%, y el mayor costo de los insumos “, detalló el relevamiento de la consultora.
Entre los insumos, la urea, uno de los fertilizantes clave de cualquier planteo agrícola, trepó a US$1.530 la tonelada, un 87% más, mientras que el fosfato monoamónico se encareció 57%, a US$1.600 la tonelada, según AZ Group.
Amorosi consideró que “se entra a la campaña con el mayor riesgo empresario y financiero de los últimos años. Si acompaña el clima, y si los precios se sostienen, el cultivo podrá un dar una rentabilidad razonable, no extraordinaria, en 2023″, indicó.
De acuerdo con este análisis, si hay una mejora en la renta, se la utilizará para cubrir una mayor necesidad de inversión.
Por su parte, Santiago Tiscornia, del proyecto AgBI, de la Consultora AZ Group, calculó que, para el cultivo de maíz en la Zona Núcleo, en la próxima campaña 2022/23, el 58% del resultado del ciclo 2021/22 se invertirá en mantener la misma superficie cultivada, mientras que “el 42% restante será destinado a cubrir estructura y pagar impuestos”. El cálculo incluye el pago del alquiler para producir en un campo de tercero.
“La renta que quede finalmente, luego de hacer frente a la enorme presión impositiva que soporta el empresario agropecuario, estará lejos de ser extraordinaria y puede ser menor a la de una colocación del capital en el mercado financiero, pero con mucho mayor riesgo”, destacó Tiscornia.
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Según sus cálculos, si en esta campaña una ha de maíz en esa región generó un margen bruto, antes de impuestos, de US$290 por hectárea, se necesitará US$168 por ha más de inversión para la siguiente campaña.
“Esto implica que, antes de impuestos, el resultado proyectado, si alcanzara rindes de tendencia promedio -que le podría quedar al productor para pagar impuestos, estructura y lograr beneficios netos-, se reduciría a US$122 por ha. De esta forma, la renta se reduciría de 18 a 8%”, destacó.
En este contexto, vale recordar, según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), que este año, solo por derechos de exportación (DEX) a las cadenas agroindustriales de trigo, maíz, soja, cebada, girasol y sorgo, el Gobierno recaudará US$11.320 millones, 25% más que en 2021. En 2020, según la entidad, lo recaudado por este concepto fue de US$3.558 millones.
La BCR recordó que en el dato de 2020 hay que tener en cuenta que, además de los menores precios en su momento, como sobre los últimos meses de 2019, ya se esperaba el cambio de Gobierno, y con ello el temor a una suba de las retenciones, se adelantó, antes de asumir Alberto Fernández, gran parte de las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE), para evitar ese incremento de los DEX. “Como las retenciones se pagan a los 5 días hábiles de declaradas las DJVE, eso hizo caer la recaudación por derechos de exportación en 2020″, explicó la entidad rosarina.
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