El presidente Alberto Fernández prometió declararle la guerra a “la inflación y los especuladores”. El viernes será el día de los anuncios en un acto que podría o no encabezar el primer mandatario. Pero más allá de este hecho, que derivará en anecdótico, no hay armas diferentes a las ya aplicadas para una lucha en la que el Gobierno viene fracasando hace 2 años largos.
El control y congelamiento de precios, “pedidos” específicos a la industria cárnica y láctea, y la ya conocida suba de las retenciones a la harina y el aceite de soja, con cuya recaudación el Gobierno creará un fideicomiso para venderle harina a menor precio a panaderías, son las herramientas con las que, una vez más, la administración Fernández pretende domar a la inflación.
Hay preocupación porque los precios de los alimentos subieron 7,5% en febrero (el IPC general fue de 4,5%), con serias probabilidades de que ese incremento sea mayor al terminar marzo, mes en que se reflejarán concretamente los incrementos de los precios internacionales de las comodities agrícolas, a raíz de la guerra en Ucrania, y el aumento de combustibles a nivel local, influido también por la crisis internacional.
Por estos días, se están dando los primeros pasos de las negociaciones para renovar el programa Precios Cuidados que, en esta etapa, comenzó en enero pasado y finalizará el 7 de abril próximo.
Dentro de este esquema, y luego que fuera imposible la implementación de este programa en comercios de cercanía, también se analiza la implementación de precios máximos en estos centros de venta. Esta medida buscaría ampliar la oferta de puntos con precios controlados, y llevar una solución a los almaceneros, que desde hace meses exigen estar incluidos en estos programas, que solo operan en las grandes cadenas de supermercados.
El Gobierno intentará avanzar por dos carriles. Por un lado, sumar productos a los cerca de 1.300 que actualmente conforman Precios Cuidados y, por el otro, sumar volumen de cada uno de ellos.
Uno de los ejes de las discusiones pasa por el incremento que se autorizará. En la última renovación se admitieron subas de 2%, aunque las empresas pedirán entre un 10% y un 12%. Pero el Gobierno no piensa en más de un 3%.
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Desde Comercio Interior, también se pondrá el foco en el cumplimiento del abastecimiento de algunos productos, ya que considera que hubo muchos faltantes en determinados lugares, lo que para el Gobierno representa un incumplimiento de lo firmado.
El gobierno ha puesto el foco en el rubro lácteos. La Secretaría de Comercio Interior entiende que se trata de uno de los más delicados, y pretende que se mejore la oferta. A diferencia de otros momentos en que se intentó contener los precios de la actividad, Roberto Feletti, titular del área, mantiene encuentros con las cámaras sectoriales -el Centro de la Industria Lechera (CIL) y la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas (Apymel)- pero no con las empresas.
El pedido de Comercio es claro y las entidades lo deben bajar a sus asociados: las compañías que producen leche fluida deberán sumar litros e incluso marcas a Precios Cuidados. Otras, que son muy o totalmente exportadoras de leche en polvo, deberían aportar la materia prima a las productoras de leche fluida, para que ellas sean las que puedan sumar volumen al mercado interno.
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Este “pedido” del Gobierno a la industria láctea tiene un problema: les quitaría capacidad exportadora a estas firmas. Esta es la idea que hasta ahora sugirió el Gobierno, aunque es la industria la que, con este criterio, deberá acercar una propuesta superadora que convenza a las autoridades.
¿Y si esa propuesta empresaria no seduce a Feletti y los suyos? Para eso el Gobierno siempre guarda la misma carta bajo la manga: subir las retenciones a los lácteos, que actualmente están en el 9% para la leche en polvo y el 4,5% para los quesos.
Incluso, y aunque todavía esta opción no se puso sobre la mesa, también se podría tomar como caso testigo el conflicto que protagonizó la industria de la carne, que anticipó que saldría del programa Cortes Cuidados y el Gobierno le respondió con la amenaza de impedir las exportaciones de los frigoríficos.
En cuanto a las retenciones, este viernes solo se incrementaría de 31 a 33%, el derecho de exportación (DEX) de la harina y el aceite de soja. Días atrás se rumoreaba sobre otros aumentos, pero al parecer, la reacción de los chacareros, que ya prevén asambleas y están de pésimo humor respecto del Gobierno, hizo frenar otros aumentos de DEX, que algunos funcionarios pretendían aplicar sobre el trigo y el maíz.
Mientras esto sucede en la cadena agroalimentaria, apareció otro factor que suma aún más presión a la inflación en alimentos. El aumento de los combustibles, de hasta 12% según la petrolera, incrementó los costos logísticos.
Según Rafael Rodríguez Roda, director Ejecutivo de la Cámara Empresaria de Operadores Logísticos (CEDOL), “el combustible es un costo directo de los componentes que conforman el costo total de la logística en cualquier parte del mundo”.
“En la Argentina, tiene un peso que oscila entre el 35% y el 55% de los costos, dependiendo de la cadena de que se trate. No es lo mismo el impacto del combustible en un camión de larga distancia que el de un vehículo de distribución urbana”, precisó.
Las alimenticias trasladarán este sobrecosto -que tienen una incidencia cercana al 10% en su estructura- a sus precios finales, lo que complica las negociaciones por Precios Cuidados.
En este complejo escenario y en caso de que los acuerdos no fluyan como pretende el Gobierno, no descarta la posibilidad del congelamiento de precios. Incluso pese a que no se obtuvieron los resultados esperados el año pasado, cuando se lanzó esta medida precisamente tras la falta de acuerdo con las principales industrias alimenticias.
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