La Sociedad Rural Argentina (SRA) decidió recurrir a la Justicia para intentar frenar la aplicación de los derechos de exportación, este año, luego que el Congreso no aprobara el presupuesto de 2022 que incluía, entre otros puntos, una extensión temporal de una potestad al Poder Ejecutivo, para seguir aplicándolos.
La entidad ruralista aun debe definir, con sus abogados, si lo hará con un amparo o con un planteo de nulidad al decreto del presidente, Alberto Fernández, que el pasado 15 de diciembre dispuso la prórroga del cobro de retenciones desde el 1° de enero pasado. También resta definir el momento en que se hará la presentación judicial, temas estos que fueron objeto de varias reuniones en el seno de la SRA, en los últimos días.
Para varios abogados tributaristas, esa extensión no tendría validez porque, junto con la no aprobación del presupuesto 2022, también cayó la posibilidad de extensión de un artículo de la ley de emergencia de 2019, cosa que pretendía el ministro de Economía, Martín Guzmán. El argumento es que caído el proyecto de ley 2022 y los artículos que disponían esas normas hasta fines de 2021, las retenciones no tienen sustento legal. Y ese es el argumento que buscarán legitimar la SRA en la Justicia.
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En 2019 el Congreso habilitó al Gobierno a que las retenciones a la soja, por ejemplo, llegaran a un máximo de 33%. Esa alícuota es la que tiene hoy ese grano. En tanto, para trigo y maíz, entre otros productos, se autorizó hasta un 15%, aunque en la actualidad esos cereales tributan un 12%.
Vale recordar que un reciente fallo del Tribunal Fiscal de la Nación volvió a abrir el debate por los derechos de exportación. Ese cuerpo, tras un planteo de la empresa Bunge Argentina, destacó que el tributo solo puede ser creado y modificado por el Congreso. Se pronunció así por un caso de 2008, cuando la Aduana quiso cobrar retenciones mediante una resolución ministerial.
Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en 2021 las cadenas agroindustriales aportaron en impuestos $2,8 billones de pesos, un 23,5% de los 11,9 billones que recaudó el Estado.
Solo en concepto de retenciones, en 2021, el Estado recibió $861.093 M. Al respecto, el informe de la BCR explicó que “los derechos a la exportación fueron los de mayor impacto recaudatorio en la estructura impositiva de las cadenas agroindustriales, generando un saldo de $861.093 millones, un 31% del total que tributaron esas cadenas”. Del total de las retenciones de las cadenas del agro, según la BCR $633.817 M provienen del complejo sojero, el mayor aportante.
El segundo impuesto en importancia en recaudación fue el de IVA, que generó saldos por $745.416 M y representó casi 27% del total tributado por la actividad agroindustrial. En tanto, en tercer lugar, quedó el impuesto a las Ganancias, que aportó, en 2021, $542.107 M, representando 19% del total recaudado.
Por otra parte, en el Congreso está abierta la disputa por las retenciones. Entre otros legisladores, Ricardo Buryaile, diputado nacional formoseño por el radicalismo en Juntos por el Cambio (JxC) y exministro de Agroindustria, presentó un proyecto de ley para que sea el Congreso quien, en cumplimiento del artículo 75 inciso 1 de la Constitución Nacional, que así lo dispone, legisle en materia de derechos y aranceles de importación y exportación, previa propuesta por parte del Poder Ejecutivo. En tanto, Pablo Torello, diputado nacional bonaerense de JxC, prevé con su proyecto una baja gradual que llevaría las retenciones a 0% en 3 años, para trigo y maíz, y en 8 años para la soja.
