Denunciaron que le usurparon el tambo y les venden las vacas por facebook

Una familia vinculada al campo y la producción agropecuaria del interior bonaerense está viviendo una pesadilla desde hace fines de 2018, cuando dos mujeres que entraron como empleadas en un tambo de su propiedad comenzaron a ocuparlo ilegalmente.

Desde entonces, para la familia de Alejandro Nadal y María Eugenia Vargas, vecinos de Salliquelló, se inició una larga y tortuosa aventura judicial para lograr recuperar la propiedad de esas 200 hectáreas ubicada a 70 kilómetros de su casa, en la localidad de Cochicó. Por ahora, las usurpadores hacen y deshacen a sus anchas: metieron gente a vivir, producen leche, se quedan con las ganancias y, en los últimos tiempos, incluso salieron a vender parte del ganado a través de publicaciones en Facebook. “Ahora, hasta están diciendo que van a hacer una cooperativa”, denuncian las víctimas.

Mientras la familia sigue la batalla en la Justicia, desde la Legislatura bonaerense están pidiendo informes a la Municipalidad de Guaminí para que el intendente explique si se ha contactado con los dueños, arrendatarios y los usurpadores; si tiene conocimiento de que los usurpadores están vendiendo por internet los bienes y la hacienda que no les pertenece.

El planteo está firmado por el diputado Emiliano Balbín, de Juntos por el Cambio, que también le plantea al jefe comunal, José Nobre Ferreira, si esa comuna hizo alguna denuncia o presentación ante el juzgado donde está radicada la denuncia.

“Hasta ahora, no han respondido nada”, dice a EL DÍA el diputado radical, que también presentó un proyecto de declaración en el que expresa “su profunda preocupación y alarma por las usurpaciones y tomas de terrenos públicos y privados, urbanos y rurales que se viene produciendo en el territorio de la Provincia”.

La historia de la usurpación del tambo Don Raúl, ubicado en el kilómetro 205 de la Ruta 33, justo frente al balneario de Cochicó, es larga y está llena de episodios insólitos, amenazas, extorsiones y peripecias judiciales. Las tierras, unas 200 hectáreas, fueron heredadas por una familia de veterinarios que conformaron una sociedad para explotarlas con un tambo que vende su producción a las empresas lácteas del oeste y el sudoeste bonaerense, a través del corredor de la 33.

En abril de 2018, el entonces encargado del tambo hizo entrar a dos mujeres a cumplir tareas como ayudantes. Pero a los pocos meses, el tambero dejó el campo y ambas quedaron viviendo allí. La familia de propietarios y arrendatarios del campo decidieron entonces tomarlas a prueba por tres meses para ver si podían hacerse cargo del la producción y los trabajos del tambo. Y comenzaron trámites para formalizar la relación laboral.

“Nunca nos quisieron dar los documentos”, dice María Eugenia Vargas desde su casa en Salliqueló, a 70 kilómetros del campo usurpado. “A partir de ahí empezaron las amenazas de juicio, las extorsiones, las agresiones y las demás peripecias”, se lamenta.

Al poco tiempo, al campo empezaron a llegar familiares y personas cercanas a las dos mujeres: “Un hijo, un marido, niños, gente que resultaba ser desterrada de otros lugares por delitos y comentan que es hasta que consigan lugar para vivir, pero se quedan”, dice Vargas, en diálogo con EL DÍA.

La situación es desesperante para los dueños y arrendatarios del campo: las usurpadoras ya les vendieron 17 animales de forma ilegal y mataron otros; produjeron daños materiales sobre la propiedad y además los amenazas ante cada movimiento de la Justicia. “Ahora nos amenazan con sacar toda la hacienda a la ruta, con el riesgo de que haya un accidente vial y que seamos nosotros los responsables penales y civiles”, relatan.

Hoy, después de idas y vueltas en la Justicia, y con un proceso de desalojo abierto, los dueños del campo siguen esperando poder recuperar lo que es suyo, mientras ven como su ganado es ofrecido por internet y las usurpadoras siguen explotando el tambo.

De las 90 vacas que tenían originalmente, hoy quedan unas 20 en el campo usurpado, después de haber podido sacar parte de los animales en un operativo con fuerte presencia policial, ante las amenazas de las ocupantes, que como represalia envenenaron parte del ganado.

Para colmo esta historia no termina solo en la usurpación ilegal y la venta de la hacienda que allí se encuentra. Los usurpadores convocan también vía redes sociales, a más gente a acercarse a la usurpación y para constituir cooperativas de trabajo que no se sabe con qué fines; situación que requeriría el aval del estado provincial o nacional. “Nos preocupa seriamente este nuevo modus operandi de toma de tierras, que ahora se empieza a aplicar en el interior de la provincia y que estas personas han llevado adelante en otros establecimientos lecheros” dice el diputado Balbín.

Fuente: eldia.com

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