Diferentes entidades rurales emitieron comunicados donde expresaron su preocupación y alarma ante la creciente sucesión de hechos violatorios de la Propiedad Privada.
Con el lema “Fuera Grabois de Entre Ríos”, se convocó mañana al mediodía a una movilización en ruta 12 y acceso a Santa Elena en repudio a la toma de tierras.
Diferentes entidades rurales emitieron comunicados donde expresaron su preocupación y “alarma ante la creciente sucesión de hechos violatorios de la Propiedad Privada”.
La Sociedad Rural de La Paz, localidad donde tiene epicentro el conflicto, aseguró que “en línea con la mesa de enlace de Entre Ríos y de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER), en el sentido de repudiar y condenar enérgicamente todo tipo de toma de tierras, campos o viviendas”, hicieron un llamado a la Justicia y al ámbito político respecto del hecho de que “no se rechace enfáticamente” y “con la celeridad requerida a la usurpación como modo de resolver las falencias del estado por las deudas sociales”.
En este sentido, la convocatoria afirma que “no se puede hablar del cumplimiento de la Constitución Nacional cuando vemos que la usurpación a la propiedad privada está en manos de una Justicia sorda y en la convivencia ideológica de funcionarios del gobierno tanto nacional como provincial”.
Acusan que ya pasaron 5 días del hecho y funcionarios del Ministerio de Producción y de Seguridad “no se han expresado ni a favor ni en contra de la inseguridad que vivimos los entrerrianos ante la propiedad privada”.
Por este motivo, los productores de la Filial de Crespo de Federación Agraria se expresaron en contra de “las acciones de la organización de Grabois” y llamaron la atención sobre “el desalojo que el fiscal de turno debe solicitar al juez es seriamente vista como una complicidad silenciosa teniendo ya las pruebas que fundamenten el pedido”.
El comunicado afirma además que “este tipo de prácticas delictivas en contra de la propiedad privada no puede ser convalidado desde la política con una mirada distraída e irresponsable. Los ciudadanos entrerrianos necesitamos tranquilidad y seguridad jurídica y que la columna vertebral de las leyes es nuestra Constitución Nacional”.
Otras entidades
La Sociedad Rural Gualeguaychú expresó su “profunda preocupación en el marco de la ocupación ilegal de tierras que han tenido lugar en la Argentina y recientemente extendidas a nuestra provincia, más precisamente en los departamentos Gualeguaychú y La Paz”.
A través de un comunicado, los ruralistas del sur entrerriano repudiaron lo sucedido. “Rechazamos y condenamos este tipo de acciones violatorias de la Constitución Nacional y que ponen en jaque severamente el estado de derecho”, dijeron.
“Como se consignara desde FARER -de la que formamos parte- resulta un precedente injusto y peligroso convalidar las usurpaciones como camino de resolución de las enormes falencias que ha presentado el Estado a la hora de la saldar las deudas sociales. Despojar por la fuerza de sus bienes a sus dueños es un ejercicio de pereza intelectual y un reconocimiento de incapacidad manifiesta de la política”, señala el documento divulgado por la Sociedad Rural de Gualeguaychú.
A renglón seguido, la entidad exige la “reprobación” del Estado: “La toma de terrenos, campos o viviendas no puede quedar solamente al arbitrio de una acción judicial entre privados (damnificados y usurpadores), porque más allá de que sea el ámbito donde se diriman las acciones legales, hace falta un claro y contundente mensaje de reprobación por parte de los distintos estamentos del Estado a este tipo de prácticas delictuales en contra de la propiedad privada”.
“Convalidar desde la política con un silencio cómplice no sólo no conlleva tranquilidad a la sociedad, sino que sienta un peligroso precedente de desprecio por la legalidad y los derechos consagrados en el Art. 17° de nuestra carta magna”, concluye.
El pronunciamiento del ruralismo de Gualeguaychú se produce dos días después de que una agrupación ligada al dirigente Juan Grabois ingresara a un campo en el Departamento La Paz, justificando este proceder por una donación de tierras efectuada por Dolores Etchevehere.
Los demás miembros de la familia, entre ellos el exministro de agricultura Luis Miguel Etchevehere, denunciaron que se trató de una “usurpación” violenta y que el predio tomado por los militantes de Grabois no es propiedad de la donante.
Por otro lado, Dolores Etchevehere vivió siempre de los recursos económicos de sus progenitores. Al poco tiempo del fallecimiento de su padre, en 2009, vendió a su madre todas sus acciones de SA Entre Ríos y Etchevehere Rural, percibiendo por ellas importantes recursos económicos.
En agosto de 2010, ante Escribano Público, todos los herederos de Luis Félix Etchevehere realizaban la partición y adjudicación de acciones de Las Margaritas SA de acuerdo a la ley.
Su madre el 50% y ella y sus hermanos el 12,5% cada uno.
En agosto de 2018 Dolores Etchevehere vende a su madre y sus hermanos, ante Escribano Público y sus abogados, sus derechos hereditarios en la Sucesión de su padre (12,5%) y sus acciones en Los Vascos Propiedades SA (12,5%).
Asimismo, también ante Escribano Público y sus abogados, Dolores Etchevehere firma un convenio con su madre y hermanos en donde se acordó su escisión de la firma Las Margaritas SA, recibiendo nuevamente dinero y propiedades en contraprestación. Este convenio fue presentado en el Juzgado del Sucesorio a cargo del Dr. Furman.
Con ello, en 2018, se concluyen de forma definitiva todas las causas judiciales y su desvinculación patrimonial total con su madre y hermanos.
Mientras se ejecuta el convenio mencionado, a través de pagos económicos y en especie, Dolores Etchevehere informa a Las Margaritas SA, vía documento firmado ante Escribano Público, que vendió sus acciones (12,5%). Esta decisión fue tomada por ella ante la millonaria demanda que fue sujeta de sus propios abogados y entidades financieras.
En resumen, Dolores Etchevehere no tiene ninguna vinculación económica ni patrimonial con su madre y hermanos desde hace más de 2 años.
Hoy el Establecimiento “Casa Nueva”, propiedad de “Las Margaritas” SA donde Dolores Etchevehere no es socia, está usurpado por personas que violaron, usando violencia, el derecho a la propiedad privada (garantizado por la Constitución Nacional – Art 17 – y condenado por el Código Penal – Art 181 – ).
Fuente: diarionuevodia.com.ar
