A partir de este espacio, que compartiremos cada mes, uno de nuestros principales objetivos será el de transparentar las distintas etapas que componen el precio de la carne vacuna, que llega cada día a la Mesa de los Argentinos. El recorrido empieza en la compra de hacienda, en las modalidades directas, feria y mercados concentradores, y continúa en la faena y toda la logística involucrada en estos procesos que nos permiten llegar a las carnicerías de todo el país.
Esto no sería posible sin el trabajo y compromiso diario de cada uno de nuestros matarifes. En esta nueva etapa de la cámara, apuntamos a posicionarnos ante las instituciones del ámbito público y privado, y ser una fuente de consulta para el periodismo. En paralelo, generamos nuevos canales de información para nuestros socios, con el objetivo de crecer en volumen de asociados y reforzar nuestra presencia institucional. Hoy queremos abordar un tema que nos preocupa desde la conformación de nuestra cámara, que es la formalidad en nuestro negocio. En los últimos dos años y en un trabajo conjunto con el Gobierno nacional y de la provincia de Buenos Aires, llevamos a cabo un gran esfuerzo para formalizar la actividad.
Entre algunas de las medidas que se implementaron para empezar a despejar el camino, cada matarife empezó a trabajar con su propia matrícula y anticipamos impuestos a la faena, situación que puso orden en la etapa industrial de la actividad y posibilitó aumentar los ingresos en las arcas del Estado. Pero estas buenas intenciones se toparon con un OCTUBRE 2020 poderoso cuello de botella, que es el control de las carnicerías. Esta situación se hace más visible en algunas zonas del Gran Buenos Aires, con establecimientos que no cuentan con las habilitaciones correspondientes, situación que además de representar una clara evasión fiscal, constituye una seria amenaza para la salud de los consumidores. Esta zona gris no es un tema menor y, mientras las carnicerías no se puedan blanquear, para nosotros es por demás complejo asumir la responsabilidad que implica la trazabilidad de la carne bovina. Nos encontramos en una especie de nebulosa, en donde debemos asumir responsabilidades que no nos corresponden, producto de la falta de decisión política.
De continuar este escenario, el proceso de formalización legal y económico de la cadena seguirá sin completarse. De manera irremediable, esta situación tendrá como consecuencia el retorno a prácticas que buscamos desterrar, como el uso de matrículas “truchas” o “matriculines”. Además del apartado impositivo, debemos considerar la inocuidad del producto que llega a los consumidores. Como señalé con anterioridad, muchas carnicerías funcionan sin las habilitaciones correspondientes y, en este sentido, la principal preocupación deber ser cuidar la salud de los consumidores.
En esta instancia consideramos que, además de los organismos del Estado encargados de regular nuestra actividad, los jefes comunales deben velar por la salud de sus habitantes. No está en nuestras manos ejercer una función de policías. Con un marco legal que nos contenga, debemos dedicarnos a lo que mejor sabemos hacer: llevar cada día a la mesa de los argentinos carne vacuna de la mejor calidad.
Fuente: Prensa CAMyA