Las entidades agropecuarias integrantes de la Mesa de Enlace cordobesa rechazan la idea del gobierno provincial de constituir una especie de fondo anticíclico con parte de lo que se recauda por las retenciones a la soja. El “no” se fundamenta en que entienden que el impuesto no debe existir. “En esa línea no podemos convalidar su uso para ningún concepto”, dijo Gabriel De Raedemaeker, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez).
El ministro de Agricultura provincial, Sergio Busso, planteó que no hay nada cerrado, sino que el tema se incorporó a la agenda de reuniones con la Mesa de Enlace provincial y que el uso de las retenciones sería mientras existan, ya que la administración cordobesa también entiende que deben eliminarse.
De Raedemaeker insistió en que la posición de las entidades “no es negociable” aunque los recursos sean para un motivo “válido y necesario” como es la instrumentación de un seguro para los productores.
Desde Coninagro Córdoba, su titular Marco Giraudo, recordó que el gobernador Juan Schiaretti “varias veces” pidió la eliminación de las retenciones. “No se las puede afectar por un tiempo a un tema tan sensible como es un seguro, porque será para siempre. El Estado no puede ser incapaz de generar una ayuda para una de los sectores que más le aporta”, dijo.
Los dirigentes coincidieron en que el costo de las primas es muy alto y queda fuera del alcance de los productores. También advirtieron que por el nivel de la presión impositiva argentina y sus características productivas no se pueden extrapolar experiencias de otros países.
“Alguna salida hay que buscarle, en el actual contexto de presión tributaria asfixiante sin apoyo la prima es inalcanzable -describió De Raedemaeker-. Además hay que analizar cuál es el mecanismo disparador de la aplicación porque, por ejemplo, si es por promedios departamentales con eventos puntuales hay productores que quedan afuera del desembolso del seguro. O sea que, encima de que es un costo, no genera un beneficio”.
Para Giraudo, el mapa de la agricultura argentina debe “diferenciar” a quienes hacen producción donde no se debe y “asumen un riesgo altísimo del que se deben responsabilizar” y aquellos que trabajan en áreas viables.
“Entonces la cobertura es obligatoria y todos debemos aportar para tener un seguro, pero le debe servir al productor, no debe ser un convidado de piedra porque si no se hacen anuncios y cuando decimos que no sirve la sociedad reacciona en contra”, indicó.
Las entidades están convencidas de que las pérdidas derivadas de la sequía no se compensarán con los mejores precios. “El verdadero derrame viene dado por la cantidad porque se mueven camiones, la industria y pueblos enteros”, apuntó De Raedemaeker.
Córdoba aporta cada año unos 21.000 millones de pesos por retenciones a la soja y el planteo preliminar de Busso es que con 1500 millones se podría armar un fondo de administración mixta que ayude al pago de las primas de los seguros.
Fuente: La Nación | Por: Gabriela Origlia