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Urge generalizar los subsidios agropecuarios

Bunge PB
7 meses atras

En uno de los últimos relevos fehacientes de que se tenga noticia, en 2015 se constató que el número de seguros multirriesgo asumidos por los productores agropecuarios no superaba el 1% de las coberturas anuales sobre los cultivos. Es decir, casi nada en relación con las protecciones establecidas para casos como el del granizo, que llegan al 80%. Ha sido necesario, lamentablemente, enfrentarse a una campaña que ha producido daños atroces con sus inundaciones y que, además, sumó una de las sequías más graves del último medio siglo, para que el tema de los seguros integrales ocupara un rango relevante en la agenda del campo argentino.

El granizo es una contingencia frecuente entre los factores de naturaleza incontrolable, en principio, en las actividades agropecuarias. No la única. También los incendios, las inundaciones, las sequías como la que tiene en vilo a vastas zonas del país, las heladas, los vientos que vuelcan plantaciones, los excesos de lluvias o las plagas constituyen fenómenos propios de un trabajo a cielo abierto que trastroca economías familiares o empresarias o afecta, sin mucho aviso, las cuentas del país.

Frente a la verdadera catástrofe que se padece, se han activado las gestiones alrededor de una “mesa de riesgo agropecuario”. Desde su primera reunión, el 28 de febrero, se ha avanzado en días más que en años. En esas conversaciones entre representantes de entidades agropecuarias y de empresas aseguradoras con funcionarios del Gobierno se han aportado documentos de legislación comparada nacional e internacional y compartido informaciones y experiencias. De tal forma, el próximo miércoles, cuando vuelvan a reunirse según lo convenido con la presencia, una vez más, del ministro de Agroindustria, Luis Etchevehere, lo harán a partir de ideas más afinadas sobre lo que cada parte pueda aportar para una cobertura generalizada de los imponderables que con más frecuencia comprometen el éxito de las campañas agrícolas y ganaderas.

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Las finanzas argentinas están exhaustas. El déficit primario desciende lentamente, pero su versión consolidada, déficit primario más pago de intereses por la deuda acumulada, trepa hasta algún lugar entre el 6 y el 7% del PBI. Se trata de achicar gastos, no de aumentarlos, y de gestionar con eficiencia y honestidad. Pero el Estado no puede desentenderse, y los productores, menos que él, de la urgencia que se plantea ante los efectos del cambio climático, por cubrir la producción agropecuaria de los infortunios devastadores de la naturaleza.

Alguna provincia, como Mendoza, ha demostrado que es factible la participación gubernamental en la consagración de fórmulas que salven, hasta donde se pueda, la producción vitivinícola de hechos mal llamados imprevistos. Tiene algo Mendoza, pues, para enseñar de modo práctico a quienes están debatiendo fórmulas que conciernen aún más ampliamente a la economía nacional. Por eso es plausible que se haya convocado para la resolución del tema al Consejo Agropecuario Nacional, donde tienen cabida todas los distritos.

Hay más de 100.000 seguros agrícolas y la conciencia sobre el control de los riesgos agropecuarios es manifiestamente superior que diez años atrás: en 2007, el 64% de la superficie sembrada carecía de seguro alguno. Pero lo logrado en estos últimos años es insuficiente. Ahora deben agotarse los medios para que el precio de las primas por los seguros baje de manera compatible con los recursos de los productores, subordinados a costos que no paran de subir. En esto será importante lo que puedan aportar las compañías aseguradoras, entre las cuales 26 sobre 180 ofrecen ya seguros multirriesgo. El Gobierno avanzó en ese punto en la buena dirección al liberalizar las actividades de compañías reaseguradoras internacionales en el mercado argentino.

Confiemos en que el próximo miércoles haya nuevas contribuciones a la coordinación de esfuerzos entre los sectores público y privado a fin de encarrilar este delicado problema. La concertación que se procura no puede dilatarse más. Fuente: La Nación

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